Expresidente boliviano debe responder por grave denuncia de atentado contra la integridad nacional. Penalistas advierten que, si no declara por segunda vez, se podría tomar eso como obstaculización a la justicia.
Un video es la prueba. El 17 de noviembre del año pasado ocurrió un incidente que es clave en la investigación preliminar que lleva adelante la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Puno contra Evo Morales por el delito de atentado contra la integridad nacional y traición a la patria.
Ese día, el entonces gobernador regional de Puno, Germán Alejo, le aseguró al exmandatario altiplánico, en una ceremonia en la que fue condecorado, que Puno se uniría desde ese día a su proyecto geopolítico con tintes separatistas llamado Runasur con el que buscaría crear la llamada ‘Nación Aimara’.
“Queremos nosotros, en este momento, formalmente, expresar nuestra admiración y nuestro sueño de incorporar a la región de Puno, bajo su autonomía política, económica, administrativa, a esta gran organización que está surgiendo de los pueblos y de las comunidades. Queremos incorporar a la región de Puno dentro de Runasur”, sostuvo Alejo en esa ocasión.
Morales, por su parte, señaló que el objetivo central de Runasur es “liberar a toda América” y a los pueblos originarios como los quechuas y los aimaras.
“Desde hace dos años que estamos en Runasur. ¿Qué es Runasur? Es la Unasur de los pueblos originarios. Empezamos con Ecuador, Argentina, y ahora va creciendo. Hermano gobernador: bienvenidos los hermanos originarios y de toda América Latina para empezar a liberar a toda América, antes Abya Yala’”, declaró el exmandatario boliviano.
La voluntad de Alejo de anexar su región a Runasur fue ratificada por él mismo semanas después ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso. Fue el 12 de diciembre, cinco días después del fallido golpe de Estado perpetrado por Pedro Castillo, de la inmediata declaratoria de su vacancia por parte del Legislativo y cuando ya habían estallado las protestas en Puno reclamando su reposición en la Presidencia y la renuncia de su sucesora por mandato constitucional, Dina Boluarte.
Todas estas y otras declaraciones han sido incorporadas como pruebas en la investigación preliminar que lleva a cabo Efraín Mallea Claros, titular de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Puno, contra Evo Morales, Germán Alejo y Vladimir Cerrón, dueño del partido Perú Libre.
En este proceso, el expresidente boliviano fue citado a declarar, vía Google Meet, el pasado 7 de marzo, pero no asistió, por lo que ha sido reprogramada su participación para el próximo miércoles 10 de mayo. ¿Concurrirá? Su abogado, Raúl Noblecilla, no lo descartó en declaraciones a Perú21.
SEGUNDA CITACIÓN. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, ha sido convocado a declarar nuevamente, vía google meet, a la Fiscalía de Puno.
¿PRISIÓN PREVENTIVA?
Los abogados penalistas Andy Carrión, Luis Lamas Puccio y Mario Amoretti explicaron que, si Morales no asiste a esta segunda citación, “su situación se complicará”, porque el fiscal Mallea podría solicitar inmediatamente su detención preventiva con fines de extradición debido a que el investigado estaría obstaculizando el accionar de la justicia. Morales, por su parte, podría utilizar el impedimento que existe para ingresar al país como un instrumento para dilatar las indagaciones. Y es que, como se recuerda, Migraciones adoptó esa medida en enero último a solicitud del Parlamento debido a su constante injerencia en asuntos internos del país.
En cuanto a Alejo, fuentes de la Fiscalía de Puno informaron que no ha asistido a declarar las dos veces que ha sido convocado, se encuentra en “rebeldía” y será citado por tercera vez bajo apercibimiento de ser conducido de grado o fuerza.
El proceso contra Vladimir Cerrón, por su parte, ha sido derivado a la Fiscalía de Lima dada su residencia en la capital.
SABÍA QUE:
-La pena por atentar contra la integridad nacional y traición a la patria en el Perú es de 15 años de prisión, dijo a Perú21 el abogado penalista Andy Carrión.
-El abogado de Evo Morales, Raúl Noblecilla, no descartó que su defendido no se vuelva a presentar porque este caso, arguyó, constituye “una persecución política” donde la sentencia ya estaría escrita.
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