Luego de seis meses de la denuncia penal por el presunto pago de una millonaria coima de la empresa China Harbour Engineering Company (CHEC) a la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) para la adjudicación de la doble vía Sucre-Yamparáez, el empresario Jin Zhenguyuan, procesado y encarcelado en La Paz, devolvió casi Bs 9 millones había escondido en una habitación de alquiler en Sucre.

Anoche se conoció que el denominado “testigo protegido”, quien reveló este hecho de corrupción, dejó grabado un video de 24 minutos antes de morir, según el ministro de Justicia, Iván Lima, en un accidente en Miami (EEUU). Allí, de acuerdo con una publicación de El Deber, da su versión de lo ocurrido en aquel proceso de adjudicación.

Zhengyuan, exgerente general de la CHEC en Bolivia, está imputado por el pago de una coima de Bs 9 millones a funcionarios de la ABC. Tras la denuncia del diputado Héctor Arce (MAS), en septiembre del año pasado, el empresario chino cumplió detención preventiva en la cárcel San Roque y luego se benefició con domiciliaria, pero, al salir de prisión, nuevamente fue aprehendido por presunta legitimación de ganancias ilícitas y conducido a San Pedro, en La Paz.

EL DINERO ESCONDIDO

Casi Bs 9 millones fueron encontrados en una habitación de alquiler en Sucre. Estaban guardados en bolsas de plástico dentro de dos cajas grandes de cartón, según un documento notarial revelado por el ministro Lima.

Zhengyuan decidió devolver el dinero luego de que la CHEC le iniciara un proceso penal de acción privada en un juzgado de La Paz por apropiación indebida y abuso de confianza. Según el documento notarial, él dio las instrucciones de dónde se encontraba el dinero y las llaves del inmueble, ubicado en la zona de la plazuela Tréveris.

En esa vivienda había un ambiente utilizado como cocina y dentro de ella varias cajas vacías, otras con plastoformo y trozos de cartón y otras con utensilios de cocina. En la inspección se hallaron dos cajas grandes y en cada una, bolsas de plástico con billetes en moneda nacional en cortes de Bs 100 y 200. Tuvieron que utilizar máquinas contadoras de billetes para contar los fajos cubiertos con ligas; ese proceso duró alrededor de cuatro horas y el dinero fue depositado en dos maletas. A continuación, se hizo un depósito bancario de Bs 8.979.550 en cuentas de la CHEC.

AVISO DE DEVOLUCIÓN

Este martes, el fiscal asignado a esta investigación, Javier Gorena, informó que Zhengyuan, envió documentos en los que hacía conocer que había devuelto el dinero obtenido de la empresa china, después de que esta le iniciara un proceso penal de acción privada.

“Señores fiscales para fines que en derecho me corresponden tengo a bien en adjuntar al presente escrito documentación inherente a la devolución de dineros que en una primera instancia habían sido sacados de la empresa China Harbourd Enginnereribg Company LTD”, señala parte del documento que se conoció en las últimas horas.

EL TESTIGO PROTEGIDO


La devolución del dinero fue revelada tras el fallecimiento del testigo protegido Felipe Sandy Rivero, identidad revelada por Lima. Esta autoridad, luego de informar de la muerte de esta persona, la acusó de ser “cómplice y encubridor” en dicho proceso de adjudicación. “(…) toda la acción penal que describe ese caso nos lleva a pensar que el testigo protegido, junto a otros actores políticos, pretendió construir una acusación falsa contra Henry Nina, presidente de la ABC, y pretendieron, por esa vía, extorsionar y hacer quedar mal al presidente de la ABC, de manera coordinada entre el testigo protegido una serie de actores políticos”, dijo el Ministro la mañana de este martes, horas antes de la aparición del video de Sandy.

Sandy es la persona identificada en una cadena de mensajes por Twitter del Ministro, quien difundió documentos que lo relacionan con la CHEC.

Además de la carta, la autoridad reveló otros documentos en relación a que el testigo protegido habría armado la escena para tomar fotos en el caso de la coima.

Por ejemplo señala una declaración de Zhengyuan, que relata que Sandy lo convocó a una reunión en un hotel de Sucre, donde “fue fotografiado a ocultas”. Y dice que antes de ese encuentro recibió amenazas, solicitando el pago de millones de bolivianos.

En un día clave para el caso ABC, por la revelación del nombre del “testigo protegido” y de la devolución de casi 9 millones de bolivianos de la supuesta coima en la licitación de la doble vía Sucre-Yamparáez, apareció un video de Felipe Sandy Rivero, el testigo de la presunta corrupción.

En el video de 24 minutos que grabó en enero de este año, antes de morir en Estados Unidos por causas que no se confirmaron, Sandy relata cómo llega a ser el “testigo protegido” del caso, expone sus pruebas de corrupción y denuncia que fue víctima de amenazas.

“Mi identidad fue conocida desde el primer día que formalice mi declaración y desde el primer día he recibido amenazas incesantes”, señala Sandy, luego de detallar las pruebas de la coima que pagó el empresario chino Jin Zhengyuan, representante de la empresa CHEC, que se adjudicó el proyecto carretero en Chuquisaca.
¿Cómo conoció a Jin?

En el video que difundió este martes el diario El Deber, Sandy revela que el primer contacto con el empresario chino se dio en febrero de 2021, a partir de un trabajo previo que realizó con otras empresas en el área de hidrovías.

A partir de ello, sostuvo reuniones reuniones estratégicas con CHEC, con el Ministro de Obras Públicas, el embajador de China en Bolivia y el vicepresidente David Choquehuanca, donde obtuvo “una promesa de donación del gobierno chino hacia el boliviano para la prospección y estudio de las hidrovías”.

Después, recibió la propuesta de Zhengyuan para asistir a otras reuniones del proyecto de la doble vía Sucre-Yamparáez y relacionarlo con instituciones de Sucre como la Cámara de Construcción, Fancesa y Concretec, además de negociar la compra de material y una posible alianza con la Empresa Estratégica Boliviana de Construcción (EBC).

Aclaró que no tuvo contacto directo con los miembros de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) ni intervino en el proceso de licitación, pero que fue “testigo de actos irregulares entre los meses de enero y abril de 2022 cometidos entre CHEC, a través de Jin, y funcionarios de la ABC”.

Denuncia de corrupción

Tras conocer las irregularidades, Sandy relata que contrató abogados para reclamar sus honorarios por los servicios que prestó a CHEC en proyectos de hidrovías y también para plantear una denuncia de corrupción.

Antes de presentar la demanda por corrupción, el “testigo protegido” afirma que intentó comunicarse con ejecutivos de CHEC, el 10 de junio de 2022, pero no recibió respuesta. Sucedió lo mismo con autoridades de la administración de Luis Arce, entre junio y julio de 2022, “cuando presentamos el caso a autoridades de Gobierno, llegando hasta la Presidencia y Vicepresidencia”.

“Esta denuncia nunca tuvo la intención de debilitar la gestión de Luis Arce. Prueba fehaciente de ello fue que me tomé varios meses intentando que esto se solucione en casa. Acudí a un diputado del oficialismo y no de la oposición, nadie puede acusarme de querer desgastar o atacar a alguna facción”, indica.

“Sentencia de muerte”

Al no haber recibido respuesta, Sandy optó por acudir con sus abogados al diputado del ala “evista” Héctor Arce, aunque aclara que en ese momento, “al menos a los ojos del público”, el Movimiento Al Socialismo (MAS) “era un partido unido” y no se hablaba de “renovadores” ni “radicales”.

“Ante la pasividad de autoridades chinas y bolivianas, se decidió formalizar la denuncia”, cuenta, al indicar que, en una reunión con la Fiscalía, se determina tomar el “estatus de testigo protegido”.

Sin embargo, señala que el haber aceptado ser el “testigo protegido” fue su “sentencia de muerte”.

Acusó al ministro de Justicia, Iván Lima, de “persecución judicial”, porque solicitó levantar su identidad y su ubicación, en una “clara violación a la ley de protección de testigos”.

También afirma que los abogados denunciantes del caso ABC “fueron atacados con una bomba en puertas de su oficina, 12 de diciembre de 2022” y que el diputado Arce también recibió amenazas.

“Si un diputado nacional que su vida corre peligro, la situación del testigo protegido debe ser mucho más grave”, argumenta.

Por estas amenazas, Sandy señala que se vio obligado a salir del país, aunque al final del video indica que pretende apersonarse a la representación diplomática más cercana para retornar, “pero bajo mis condiciones... No pienso ser usado como trofeo, primero muerto".

Las cuatro pruebas del “testigo protegido”

Sandy expuso en el video cuatro pruebas de corrupción que –según él– se comprobaron durante la investigación del caso ABC.

La primera es la alteración y cambio de documentación en las carpetas para la licitación, lo cual fue validado por el testimonio y las pruebas aportadas por uno de los miembros de la comisión calificadora, Juan Carlos Hidalgo Chura, imputado dentro del caso.

La alteración y el cambio de poder para la firma del contrato es la segunda prueba que expone Sandy. Asegura que “este extremo se confirmó, a parte de mi testimonio y pruebas, con la declaración pública del ministro de justicia, Iván Lima, del 15 de septiembre de 2022”. Entonces, Lima afirmó que la documentación evaluada fue adulterada.

La tercera prueba de Sandy tiene que ver con la suscripción de un contrato ficticio de operación de lavado de dinero, con la finalidad de materializar en efectivo la coima. Esto, según el “testigo protegido”, se comprueba con el informe de la Fiscalía de La Paz que señala que no existe la empresa que emitió facturas a favor de CHEC y otra empresa china por la prestación de servicios, con las que justificaban el retiro de Bs 9 millones a través de cheques.

Finalmente, la cuarta evidencia es la entrega de una parte de la coima, de Bs 9 millones, a funcionarios de la ABC. La coima ascendía a un total de Bs 18 millones.

“El 100% de los extremos que el testigo protegido declaró y se investigaron resultaron ser ciertos y verídicos”, indica Sandy.

Sin embargo, aclara que esta cuarta prueba no se pudo comprobar porque la justicia fue sometida a “claras presiones del poder político en su afán de proteger a los autores de este crimen” y el cambio de postura del Ministro de Justicia que pasó a “aminorar los hechos”, en una “estrategia para dejar en la impunidad a los verdaderos autores del delito”.

Cuestionó al Ministro Lima

Antes de morir, Felipe Sandy Rivero, el testigo protegido del caso de la supuesta “coima” de Bs 9 millones para que la empresa china Chec se adjudique el tramo carretero Sucre-Yamparáez, dejó un video de 24 minutos al que accedió el diario El Deber.

Allí, además de dar su versión de los hechos, acusa de persecución al Ministerio de Justicia e informa que iba a apersonarse a la delegación diplomática más cercana para regresar al país, “pero bajo mis condiciones… no pienso ser usado como trofeo, primero muerto”. El video fue grabado en enero de este año. Sandy Rivero falleció en un accidente de tránsito en Estados Unidos, según el ministro de Justicia, Iván Lima.

Dice que en febrero de 2021 fue buscado por primera vez por Jin Zhengyuan, representante legal de Chec, representante legal de CHEC y que lo contrataron “teniendo como referencia el trabajo previo que yo había realizado con distintas instituciones en el campo de las hidrovías”.

Asegura que estuvo en varias reuniones en las que participaron la empresa china, el ministro de Obras Públicas, el embajador de China y el vicepresidente del Estado boliviano, entre otros, y allí pudo “obtener una promesa de donación del Gobierno chino hacia el boliviano para la prospección y estudio de las hidrovías”.

De acuerdo con la nota de El Deber, afirma que Zhengyuan le pidió que lo asista en las reuniones con el objetivo de: 1) Relacionarlo con los actores locales de Sucre, “para lo que gestioné reuniones con la Cadeco, Fancesa y Concretec. 2) Negociar subcontratos y compra de material, para lo cual se contactó y negoció con distintas empresas y proveedores. 3) Negociar una posible alianza con la Empresa Estratégica Boliviana de Construcción Civil. “En ningún momento tuve contacto con miembros de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), ni intervine en el proceso licitatorio”.

Dice que fue testigo de actos irregulares, entre enero y mayo de 2022, “cometidos entre CHEC, a través de Jin, y funcionarios de la ABC”. Admitió que en esos meses contrató a abogados para reclamar sus honorarios por su labor en el proyecto de hidrovías, y también para analizar y preparar una potencial denuncia por los actos de corrupción presenciados.

El 10 de junio de 2022 “me comuniqué con los superiores jerárquicos del Jin Zhengyuan en la China informando de la situación, sin haber recibido respuesta alguna.

Entre junio y julio de 2022, tanto él como sus abogados, “presentamos el caso a autoridades de Gobierno en distintas instancias, llegando hasta altas autoridades de la presidencia y la vicepresidencia, a efectos de que el caso se pueda resolver con discreción y sin escándalo público. Al no haber recibido respuesta alguna, se decidió acudir al diputado del MAS, Héctor Arce, que en ese momento había ganado cierta prominencia con denuncias contra la corrupción. Todo ello con la finalidad de lavar los platos sucios en casa”.

En ese momento, el MAS era un partido unido, “al menos a los ojos del público”. Por ello, explica, Arce, acompañado por los abogados de Sandy, presentaron el caso en audiencia pública a la ministra de la Presidencia, el 12 de agosto de 2022. “Lo cual fue recibido con inacción y oídos sordos”.

Por eso, ante la pasividad, definieron con Arce formalizar la denuncia ante el Ministerio Público a finales de agosto, para lo cual, mi intervención testifical era fundamental para que el caso sea admitido”.

HOSTIGAMIENTO Y PERSECUCIÓN

Felipe Sandy Rivero denunció que el ministro Lima, “con el objetivo de distraer la atención de la población, se dedicó a hostigar al testigo protegido, solicitando en dos ocasiones la identidad del mismo. En ambas ocasiones estos pedidos fueron denegados por la Fiscalía. Estos actos ya de por sí, constituyeron en una clara violación a la Ley 458 de testigos protegidos y a la normativa de lucha contra la corrupción. Esa ley ya no vale para nada, ya no sirve”, aseveró.

Luego de un sorbo de agua, continuó: “Sin embargo, eso no detuvo los actos de persecución del Ministerio de Justicia, que acudió a otras instancias de chicanería jurídica para intentar involucrar y perseguir al testigo protegido, para revelar su identidad y atacarlo, argumentando que un testigo ve los hechos de lejos, como si fuera un accidente de auto, cuando en realidad la ley 458 se crea para situaciones específicas como los casos de corrupción, donde el testigo, por la misma esencia de los hechos, tiene una cercanía especial a los autores y delitos presenciados, y requiere una especial protección”.

Denuncia internacional

Sandy señala que el caso ABC traspasó fronteras porque denunció ante el Comité de Prácticas Prohibidas de la Corporación Andina de Fomento (CAF), ante organizaciones no gubernamentales como Transparencia Internacional y el FBI de Estados Unidos, que según él tiene “plena competencia de investigar y castigar el presente caso” porque la empresa CHEC tiene negocios en este país y otros.

“Detrás de este caso no se puede negar que ha habido y habrá una gran tragedia humana, que todo ese sufrimiento y dolor sirva para que todos los bolivianos reflexionemos y decidamos si vamos a vivir para siempre subyugados bajo un sistema judicial a la orden del dinero y el poder político y no así de sus ciudadanos y de la justicia”, finaliza Sandy.

“EN LA BASURA”

El diputado del ala radical del MAS, Héctor Arce denunció ayer, martes, que el ministro Iván Lima, “puso en la basura” la Ley 458 de Protección de Denunciantes y Testigos porque reveló datos personales del “testigo protegido” del caso de presunta corrupción en la ABC.

Exime de culpa a Henry Nina

El ministro de Justicia, Iván Lima, afirmó que una “organización criminal” intentó dañar la honorabilidad del ejecutivo de la ABC Henry Nina con la denuncia de una coima para la adjudicación de la doble vía Sucre-Yamparáez. Además, defendió a la china CHEC –que se mantiene como adjudicataria del proyecto carretero– por coadyuvar en el esclarecimiento del caso.

La autoridad recordó que hay tres procesos y que con el primero se busca sancionar a los funcionarios que cometieron acciones ilícitas al introducir un poder notarial a favor de la CHEC, dentro del proceso de contratación para la obra en cuestión.

El segundo proceso se presentó contra el exgerente general de la empresa china, Jin Zhenguyuan, tras evidenciarse que compraba facturas en sumas millonarias y que también habría retirado dinero de la CHEC sin destino conocido. Según Lima, la CHEC pagó todo lo defraudado al Servicio de Impuestos Nacionales por lo que hizo su entonces gerente; aseguró que esa empresa no tiene deudas pendientes con el Estado.

El tercer proceso, según Lima, es impulsado por la misma empresa china contra el testigo protegido, Felipe Sandy Rivero, por el delito de extorsión. Esa persona falleció en Miami (EEUU) en un accidente de tránsito, de acuerdo con una información ofrecida la semana pasada por el mismo ministro.

“Como si fuera un accidente de auto”: La versión del testigo protegido en un video grabado.