Para seguir un proceso y buscar pruebas, el Ministerio Público realiza una radiografía completa de la vida de Carolina Ribera, hija de la expresidenta Jeanine Añez, y de Natalia Ibañez, prima del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. Para este fin, la Fiscalía instruyó a 32 entidades públicas y privadas remitir datos y documentos sobre sus actividades, viajes y movimientos bancarios.

Además, la Fiscalía indaga si tienen instalación de agua potable y luz, pregunta hasta los lugares donde cargaron gasolina en sus vehículos.

Mientras la defensa de Ribera, la propia Carolina, la exmandataria Añez y el expresidente Carlos Mesa calificaron el hecho como una nueva estrategia de persecución política, el ministro de Justicia, Iván Lima, negó el hecho y dijo que se pretende buscar “impunidad”.

Según un informe de la mayor de Policía Silvia Sandoval Peredo, que es jefa del Departamento de Lucha Contra la Corrupción (Delcc), dirigido al fiscal de Materia, Carmelo Laura, tanto Ribera como Ibáñez son investigadas por la presunta comisión de legitimación de ganancias ilícitas, desde julio de 2022.

“Para llegar a la verdad histórica de los hechos”, la Delcc pide la emisión de 32 requerimientos fiscales de instituciones estatales, del Gobierno, de tres municipios, de entidades descentralizadas y de empresas privadas.

Por ejemplo, entre los requerimientos fiscales a entidades públicas, piden información al Servicio General de Identificación Personal (Segip) y al Servicio de Registro Cívico Nacional (Serecí); exigen desde el certificado de nacimiento, matrimonio y defunciones (de familiares), hasta si tienen homónimos. Solicitan todos estos datos con copias legalizadas o simples.

La Fiscalía también pide antecedentes policiales, el registro judicial de antecedentes penales. En Migración, solicitó el flujo migratorio de los últimos seis años, es decir de 2017 a 2023.

El informe también solicita datos en Fundempresa que fue reemplazada por el Servicio Plurinacional de Registro de Comercio (Seprec) para saber si tanto Ribera como Ibáñez tienen alguna empresa y en caso de ser así, remitir toda la documentación respectiva en copias legalizadas.

Pide -además- datos a Impuestos Nacionales, a la Aduana, a la Autoridad del Sistema Financiero. Esta última entidad debe informar si las investigadas tienen ahorros, cuándo abrieron sus cuentas, copias de depósitos y retiros, todos los abonos y débitos en la banca electrónica, entre otros, además que la Asfi deberá pedir a los bancos todo el movimiento bancario interno y externo de ambas.

El requerimiento fiscal va también para el Consejo de la Magistratura, entidad que debe remitir un informe con un registro nacional de todos sus bienes inmuebles. La Policía debe informar cuántos vehículos están registrados a sus nombres y Tránsito debe informar si realizaron su Inspección Técnica Vehicular.

La Agencia Nacional de Hidrocarburos debe informar “sobre el abastecimiento de combustible” y los surtidores con “nombres de los propietarios” de dichos surtidores “y sus números de celular”, además del detalle de las facturas del 1 de enero de 2019 al 25 de marzo de 2021.

A la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes, la Fiscalía instruye “ordenar” a todas las empresas de telecomunicaciones para que informen si Ribera e Ibáñez tienen números telefónicos a su nombre, también remitir el extracto de llamadas entrantes y salientes del 1 de octubre de 2019 “a la fecha”.

El requerimiento de información se extiende a la estatal Entel y a las empresas privadas “Axs Bolivia” Nuevatel y Tigo, además a la Cooperativa paceña Cotel, para que informen con detalle si las investigadas acceden a servicios de internet, Tv cable y otros.

Para saber si cuentan con servicios básicos de agua potable, gas domiciliario y energía eléctrica a su nombre, la Fiscalía pidió detalles a la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico; a la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear y a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

Los gobiernos municipales de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz también deberán informar si en esas regiones tienen registros de bienes inmuebles.

La Fiscalía solicitó información al Ministerio de Economía, Interpol, la Unidad de Investigación Financiera y el Servicio de Aeropuertos Bolivianos.