El expresidente de Bolivia, Evo Morales, fue denunciado ante la Fiscalía de la Nación por el congresista peruano Jorge Montoya, por la presunta comisión de los delitos contra la seguridad nacional y traición a la patria, en la modalidad de “atentado contra la integridad nacional”.

Montoya, representante del grupo Renovación Popular y excomandante de las Fuerzas Armadas, informó, en su cuenta de Twitter, que ha “denunciado penalmente” a Morales ante el despacho de la fiscal general peruana, Patricia Benavides.

El parlamentario incluyó en su acusación al exgobernador de la región sureña de Puno Germán Alejo Apaza y el exgobernador de la región Junín, Vladimir Cerrón, secretario general de Perú Libre.

En ese sentido, se le atribuye a Apaza la presunta comisión del delito de usurpación de poderes, por supuestamente haber promovido la presencia de Morales en Puno.

Además, por haber “facilitado” en 2019 una ordenanza regional para que Puno pueda establecer “políticas de integración” con pueblos originarios de otros países.

En el caso de Cerrón, lo acusa por sus publicaciones en Twitter, en una de las cuales aseguró: “Nos federalizamos en Asamblea Constituyente o se abre el camino a la secesión del país”.

Antes de presentar su denuncia, Montoya declaró a periodistas que “cualquier persona que atente contra la soberanía nacional debe ser sancionada y retirada del país o estar metida tras las rejas”.

Cerrón respondió en Twitter que existe una “persecución paranoide” de sus opositores, que piensan “intimidarlos”, pero agregó que “el pueblo vencerá”.

“Al querer prohibir el ingreso de Evo Morales al país, la derecha fascista aún no aprende que las ideas no dejan de ser o estar por prohibiciones, normas, decretos, etc., por el contrario, las hace más expectantes”, indicó.

Morales y Perú

Evo Morales (2006-2019) mantuvo una activa presencia en Perú, sobre todo en regiones del sur del país, durante el Gobierno de Pedro Castillo (2021-2022) con el objetivo de incentivar la integración de regiones como Puno al proyecto Runasur, la plataforma internacional de movimientos sociales e indígenas que impulsa.

El exgobernante ha estado muy activo en las redes sociales con opiniones sobre la crisis en Perú y mensajes para defender a Castillo desde su destitución por el Congreso tras intentar dar un golpe de Estado, el 7 de diciembre pasado.

Por su parte, la presidenta Dina Boluarte, quien reemplazó a Castillo por sucesión constitucional, anunció este miércoles que está analizando junto a la autoridad migratoria “la situación de ingreso” de Morales a su país, porque no debe “intervenir en temas internos”.

“En Perú tenemos el derecho de tejer nuestra propia historia y que nadie, personas ajenas al territorio nacional, tengan que estar viniendo y querer intervenir en tejer nuestra historia”, subrayó.

En noviembre del 2021, la comisión de Relaciones Exteriores del Congreso declaró persona non grata a Morales “por su negativo activismo político en Perú y su evidente injerencia e intromisión en la agenda del Gobierno” de Castillo.

En respuesta, el exgobernante boliviano sostuvo este jueves en Twitter que “da la otra mejilla” ante los “ataques políticos de la derecha peruana” y pidió que “paren las masacres” en ese país.

“Damos la otra mejilla ante los ataques políticos de la derecha peruana. Pero por favor, paren las masacres, detenciones ilegales, persecución y “terruqueo” contra nuestros hermanos indígenas”, escribió antes de añadir que “no habrá paz sin justicia social”.

“El Perú profundo demanda una transformación de fondo”, concluyó en alusión a las movilizaciones contra el Gobierno y el Congreso peruano que se reiniciaron este miércoles tras una tregua navideña, luego de que en diciembre dejaran un saldo de 28 muertos.

Posibles sanciones

Por lo delitos de que se acusa a Morales de ser encontrado culpable según el artículo 325 del Código Penal Peruano podría se sentenciado a un mínimo de 15 años de reclusión en un penal  e máxima seguridad.