El 27 de septiembre del 2021 el diputado Marco Pedrazas señaló que Procuraduría perdió 10 de 11 arbitrajes con un presunto daño económico de $us 609 millones al Estado.

El Estado boliviano experimentó hasta ahora al menos 12 derrotas en arbitrajes internacionales que enfrentó por las llamadas "nacionalizaciones" y otras controversias planteadas por compañías internacionales.

La suma de esas indemnizaciones, hasta ahora, llegan a 714 millones de dólares.

El dato surge después de que se conoció que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) dictó un laudo arbitral por el que Bolivia debe pagar 105 millones de dólares por los perjuicios ocasionados al banco español BBVA, propietario de la AFP Previsión, por las demoras ocasionadas en la llamada "nacionalización" del sistema de pensiones.

El costo de las indemnizaciones en $us

Red Eléctrica Internacional S.A.U. 65.268.000

Pan American Energy LLC 357.023.360

Inversiones Econergy Bolivia S.A. (GDF Suez S.A.) 18.425.000

Carlson DividendFacility S.A. 240.000

TheBolivianGeneratingGroup LLC 10.245.627

Iberdrola S.A. e Iberdrola Energía SAU 34.175.648

Paz Holdings Ltd 19.505.531

Jindal Steel Bolivia (No se conoce el monto)

RurelecPLc 36.023.114

South American Silver Limited (SAS) 25.588.525

Quiborax S.A. y Non MetallicMinerals S.A. 42.676.730

Banco Bilbao Vizcaya S.A. 105.000.000

Los primeros 11 datos corresponden a un informe escrito que fue entregado el año pasado por la Procuraduría General del Estado a solicitud del diputado Marcelo Pedrazas de la bancada de Comunidad Ciudadana (CC).

Entonces, el legislador denunció un "daño económico" al Estado por estas pérdidas; sin embargo, el Procurador Wilfredo Chávez explicó que no se pueden hablar de pérdidas porque Bolivia pagó "montos razonables" y no los montos demandados por las empresas demandantes.

LA PROCURADURÍA PIERDE LAUDOS ARBITRALES CON DAÑOS ECONÓMICOS AL ESTADO

El 27 de septiembre del 2021, el diputado de Comunidad Ciudadana, Marcelo Pedrazas, con base en un informe de esa institución, denunció que la Procuraduría General del Estado perdió 10 de 11 procesos de arbitraje internacional generando un presunto daño económico al Estado de más de 609 millones de dólares.

Según el legislador la información es “oficial” de la propia Procuraduría General del Estado, que ha respondió a una Petición de Informe Escrito (PIE) sobre los procesos de arbitraje que ha enfrentado el Estado a partir de la “falsa nacionalización” y las “confiscaciones” de las empresas estratégicas

“De los 11 procesos, son 10 procesos, y Comunidad Ciudadana no está inventado el monto que el propio procurador general del Estado ha señalado, de que el Estado ha erogado 609.171.535 dólares. Documentación oficial de la Procuraduría”, declaró el legislador en conferencia de prensa.

Este dato demuestra que la Procuraduría que tiene la misión de la defensa de los intereses del Estado es una institución “inservible”, porque “no ha ganado ningún juicio, ni de manera arbitral, ni en conciliaciones”, precisó.

Detalló que es llamativo que en algunos casos se realizaron conciliaciones sin que las empresas internacionales hubieran identificado el monto que se les debía pagar. “Pero la Procuraduría paga montos que incluso exceden en algunos casos más de los 10 millones de dólares”, sostuvo.

Observó que en otros casos las pretensiones de las empresas multinacionales o internacionales eran muy altas, por ejemplo, en el caso de Pan American Energy superaban los 1.000 millones de dólares y se terminó pagando 357 millones de dólares. “No hay una explicación coherente (…). También hay una discrecionalidad respecto a estas pretensiones”, manifestó Pedrazas.

La Procuraduría niega información sobre bufete contratados

El legislador denunció que la Procuraduría se negó a transparentar la contratación de bufete de abogados para los procesos de arbitraje, y cuestionó que la institución cuente con un presupuesto en 2019 de 42 millones de bolivianos, presuntamente para la defensa de los casos.

“Resulta que la Procuraduría tiene un presupuesto de 2019 de 42 millones de bolivianos y es la Procuraduría con sus abogados que defiende estos casos, sabemos que no es real, sino que contrata bufetes de abogados para hacer estas defensas supuestas, porque en realidad lo que hacen es perder y perder”, afirmó.

Lamentó que la Procuraduría se haya negado a entregar información al amparo de un decreto supremo 4447, en el que se establece una cláusula de confidencialidad sobre dichos contratos.

“Nos salen con un decreto supremo 4447 que señala que los contratos que suscribe la Procuraduría no pueden ser puestos en conocimiento, porque tienen cláusula de confidencialidad”, precisó el diputado opositor.

Considera que esto es producto de la poca transparencia a la información pública que tiene el Movimiento al Socialismo sobre los asuntos estatales. “Por lo tanto, no podemos investigar sobre los bufetes y los contratos”, insistió.

No obstante, manifestó que continuará con su labor de fiscalización a esta institución, principalmente para exigirle al procurador general Wilfredo Chávez que cumpla su función en el marco institucional.

“Su función no es pasear por la Asamblea Legislativa como experto electoral, ni un gran turista para ir a Miami, ni hacerse al historiador. Su función es recuperar los dineros que su cliente el expresidente Evo Morales a título de una falsa nacionalización nos hace pagar a todos los bolivianos”, protestó.

De no cumplir sus funciones es mejor que se cierre la Procuraduría General del Estado, y que Chávez se vaya a su casa, dijo Pedrazas.