El secretario general de la Confederación del Sistema Integral de Pensiones, Rodolfo Ayala, informó este lunes que el sector se declaró en emergencia y pide al Gobierno evitar que se cumpla el fallo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) que ordena a Bolivia pagar 105 millones de euros al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), por las demoras ocasionadas en la nacionalización del sistema de pensiones.

El dirigente del sector acusó no solo al Procurador del Estado, Wilfredo Chávez, por incumplimiento de deberes, sino Héctor Arce, exProcurador y actual embajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos (OEA).

“Nosotros como sector estamos en emergencia, este fallo hace peligrar las pensiones, quién va a pagar el dinero, como si nosotros hubiésemos firmado el contrato hace años, nosotros no firmamos, el que firmó es el Estado, que es culpable de lo que está pasando (…) por moral el señor (Procurador), Wilfredo Chávez, debe irse por no saber defender las arcas del Estado, (se los debe procesar) por incumplimiento de deberes y negligencia“, declaró el Secretario General a Urgente.bo.

“El señor Chávez se ocupó de otros asuntos, no así lo que a él le competía. Héctor Arce, estaba de Procurador y supuestamente hay empresas nacionalizadas, no nos dijeron cuánto han pagado. Hay que realizar una investigación”, resaltó Ayala.

Esta semana, los jubilados tienen prevista una reunión con el Ministro de Economía, Marcelo Montenegro, donde le harán conocer estos criterios y le propondrán asumir defensa. “Creo que hay que ser un poco duros, no podemos pagar la indemnización”, remarcó.

A su vez, el secretario ejecutivo de la Confederación Nacional de Jubilados del Sistema Integral de Pensiones (Conaljusip), no descartó con un proceso penal contra Chávez y Arce, aunque aclaró que esa decisión se asumirá en un ampliado con la Central Obrera Boliviana (COB).