En la semana, concluyó la declaración de testigos en el juicio oral por el caso “golpe de Estado II” y se develó que las exlegisladoras del Movimiento Al Socialismo (MAS) Adriana Salvatierra y Susana Rivero “boicotearon” la sesión legislativa convocada por la entonces senadora Jeanine Añez para generar luego la retórica del golpe de Estado, en medio del vacío de poder y la crisis social en noviembre de 2019, según testigos que declararon en el juicio.

“Se procedió a sabotear esa sesión en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), y eso evidencia que Jeanine Añez asumió la presidencia del Senado en cumplimiento a los reglamentos”, señaló Luis Guillén, abogado de Añez. Dijo que testigos en el juicio dieron fe de ese aspecto.


Explicó que Adriana Salvatierra (presidenta del Senado) y Susana Rivero (primera vicepresidenta en Diputados) con sus renuncias públicas el 10 de noviembre de 2019 generaron un vacío de poder en la ALP, ya que antes también dimitieron Evo Morales a la presidencia, Álvaro García Linera a la vicepresidencia, Víctor Borda a la presidencia de Diputados y Rubén Medinaceli a la primera vicepresidencia del Senado.

En caso de Rivero, ella había publicado en su cuenta de Twitter la carta de su renuncia con el siguiente mensaje: “No seré cómplice en un golpe de Estado. Mis principios y mi corazón lo impiden”. Mientras que Salvatierra lo hizo públicamente y meses después explicó “mi renuncia verbal a la Cámara de Senadores no se debió a motivos personales, sino a razones políticas. Esta decisión fue asumida de forma conjunta con el presidente Evo Morales y con el vicepresidente Álvaro García”.

Ante esa situación, el abogado dijo que Añez, siendo la segunda vicepresidenta del Senado, en ausencia de Salvatierra, le correspondía presidir y llamó a sesión para el 12 de noviembre de 2019, pero el MAS hizo que sus parlamentarios no acudan. Ante ese vacío, Añez asumió de manera “ipso facto”, primero la presidencia del Senado y luego del Estado, acotó.

Entre el 10 y 12 de noviembre, el caos y la violencia se agravaron en el país, por ello las autoridades de la Iglesia coadyuvaron en reuniones llevadas a cabo en la Universidad Católica Boliviana (UCB) con el objetivo de pacificar el país, ante el vacío de poder de aquel momento, según la Memoria de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB).

Rivero y Salvatierra asistieron a algunas reuniones. Y ambas legisladoras ratificaron sus renuncias con el compromiso de pacificar el país, luego de que los conflictos se habían agravado: por un lado, afines al MAS salieron a las calles en respaldo de Evo Morales y, por otro lado, otros grupos protestaban contra el fraude electoral.

En el juicio, Roberto Moscoso, miembro de Unidad Nacional, testificó que en una reunión en la UCB: “Ambas (Susana Rivero y Adriana Salvatierra) dudaron, hicieron unas llamadas, pero al final la respuesta de las dos fue que no levantaban la renuncia, aducían temas personales y que había que encontrar otro tipo de salida constitucional a este problema”.

Por su lado, Añez sostuvo una reunión con Eduardo del Castillo (ahora ministro de Gobierno), quien en 2019 era oficial mayor de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), y le instruyó el 11 de noviembre publicar la convocatoria a la sesión legislativa Nº 198, disposición que fue cumplida, según el testimonio de la secretaria general del Senado, Gabriela Díaz, al que tuvo acceso Página Siete.

Sin embargo, Salvatierra, que ya había renunciado, activó algunas acciones para evitar esa sesión. “Entre las 7:00 y 7:30 (del día 12) me llama y me escribe la senadora Salvatierra reclamándome el porqué se habría emitido el orden del día y me instruye que emita un comunicado de Secretaría General suspendiendo la sesión convocada para ese día, señalando que era por instrucción de la primera vicepresidencia, a lo que le pregunto si no se iba a hacer efectiva la renuncia del senador Medinaceli, y me responde que yo haga lo que ella me estaba diciendo”, testificó Díaz.

Además, Adriana Salvatierra instruyó a los legisladores de su partido no acudir a esa sesión. “En ese momento había bloqueos, habían tomado la casa de uno de mis colegas. Por cuidado a nuestras familias, ella (Salvatierra) ha sugerido que podamos renunciar, pero es una sugerencia”, declaró la exsenadora Eva Copa ante el tribunal. “Hubo una instrucción para una renuncia colectiva”, dijo en el juicio el exsenador (MAS) Omar Aguilar.

Aguilar también corroboró que hubo la convocatoria a sesión, pero además confirmó ante los jueces que el 12 de noviembre Salvatierra por medio de su comunicador, Aldo Camacho, “boicoteó la sesión” con tres acciones: llamó y ordenó a Díaz que anule la convocatoria (no se cumplió), instruyó las renuncias colectivas de sus colegas y no se presentó a la ALP.

Es así que, ante la ausencia de Salvatierra y Medinaceli, Añez asumió la “presidencia en ejercicio” del Senado y llamó a sesión con el objetivo de considerar las cartas de renuncia de Evo Morales y Álvaro García Linera, pero no asistieron los legisladores del MAS. Seguidamente asumió la presidencia del Estado e indicó que “debe aplicarse la sucesión presidencial de inmediato, ante la ausencia y abandono del presidente y vicepresidente” y se amparó en el comunicado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para dar legalidad a ese acto.


Después, el 13 de noviembre de 2019, Rivero reapareció y dirigió una sesión en Diputados que se prolongó hasta el 14 de noviembre. En esa sesión se acordó la conformación de una nueva directiva. La entonces diputada negó que hubiese renunciado. Salvatierra también acudió al Legislativo indicando que no había renunciado a su curul; posteriormente explicó que su dimisión sólo fue ante los medios de comunicación y que no fue presentada por escrito al Senado.

Frente a esos antecedentes, los exlegisladores del MAS mencionados y otros testigos declararon en el juicio que no había vacío de poder y que Añez asumió la presidencia de manera ilegal porque no hubo quórum para instalar la mencionada sesión en la ALP.

En el caso de Salvatierra, ella admitió que en su ausencia Añez podía ocupar su cargo. “Presidencia en ejercicio sí (asumió Añez) cuando estuve ausente de manera temporal”, respondió Salvatierra a la consulta del tribunal sobre si Jeanine Añez asumió la presidencia del Senado en la legislatura 2019-2020.

En ese sentido, el abogado Guillén reiteró que la inasistencia y falta de quórum en el Senado, generado por el “boicot de Salvatierra”, dieron lugar a que su clienta asuma la presidencia “ipso facto”, para evitar ese “vacío de poder” que hubiera provocado más enfrentamientos.

Ahora, el Ministerio Público concentró su acusación sólo en probar que no hubo quórum en el Legislativo, cuando Añez asumió la presidencia. “El contexto del juicio es el que establece el 10, 11 y 12 de noviembre del 2019 al interior de la ALP, otros hechos no se van a debatir”, dijo el fiscal Omar Mejillones.

Agregó “lo que nosotros hemos expresado en la acusación fiscal se está acreditando a través del desfile probatorio, documental y testifical, se ha señalado que no ha existido el día 12 de noviembre quórum, que no ha existido convocatoria a una sesión extraordinaria, que simplemente se encontraban asambleístas de oposición”.

Siguiendo ese argumento, el Tribunal Primero de Sentencia de La Paz excluyó varias pruebas documentales y testificales de Añez y otros acusados, también limitaron las consultas en el interrogatorio y las respuestas de los testigos, tampoco hicieron comparecer a todos los testigos, según Añez.

“Que conste en acta que se me ha limitado el derecho a tener testigos y ahora se quiere limitar el derecho a las preguntas, porque los testigos tienen la necesidad de explicar el contexto, no solamente se basa este juicio en tres días, tienen que haber un antecedente y una consecuencia de ello”, reclamó Añez en juicio.

El abogado Guillén dijo que la mayoría de las pruebas excluidas hacían referencia al tema del fraude electoral de octubre de 2019 y al vacío de poder que dejó Evo Morales con su renuncia a la presidencia. También se excluyó el comunicado del TCP.

La defensa de la exmandataria considera que el juicio por el caso golpe II es una “simulación judicial” de un hecho “armado” que no respeta el debido proceso ni un juicio justo.

Por su parte, el fiscal Mejillones informó que el juicio oral proseguirá el 3 de mayo. “Se ha dado ya por concluida la prueba testifical de todas las personas que han sido declaradas rebeldes (...) y se ha reprogramado para 3 de mayo a horas 14:00, donde se van a reproducir lo videos que han sido introducidos a juicio”.

Hago pública mi renuncia a la presidencia de la Cámara de Senadores (...) Que se encuentre una salida pacífica para el país”. Adriana Salvatierra en 2019

La respuesta de las dos (Rivero y Salvatierra) fue que no levantaban la renuncia (en 2019), aducían temas personales”. Roberto Moscoso

Golpe II: Jeanine Añez dice que excluyeron sus pruebas para ejecutar un juicio express

La exmandataria Jeanine Añez denunció que el Tribunal Primero de Sentencia excluyó varias de sus pruebas documentales y testificales, además de una serie de arbitrariedades en el caso golpe II, con el objetivo de ejecutar un juicio express y sentenciarla.

“El tribunal sin competencias que juzga ilegalmente a Jeanine Añez excluyó, como prueba de la sucesión constitucional, el comunicado del TCP del 12 de noviembre de 2019. El Gobierno impuso desconocer un pronunciamiento del TCP para condenarla y el juzgado acató”, señaló Añez en su cuenta de Twitter.

Además del comunicado del TCP, el tribunal también excluyó las pruebas documentales que hacen referencia al caso fraude electoral, como el informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la memoria de la Conferencia Episcopal Boliviana, en la que se hace referencia a la sucesión, pero también a la pacificación del país durante los hechos de violencia de noviembre de 2019.

El tribunal también excluyó a varios testigos de la exmandataria. Añez, en el juicio, denunció que no sólo se le limitó el derecho a tener testigos de descargo, también en el interrogatorio se les presionó a que digan sus respuestas sin el contexto de los hechos suscitados en noviembre de 2019.

Dijo que hay pruebas de que asumió la presidencia de manera constitucional, por más que el Gobierno y el tribunal pretendan negar y borrar ese hecho.

“Éste, además de ser un juicio ilegal llevado por un tribunal sin competencias, es un juicio express, donde quieren asegurar una sentencia bajo jornadas extenuantes y maratónicas, excluyéndoseme pruebas documentales y testificales para asegurar mi condena”, remarcó.

Añez y los exjefes militares, Flavio Arce y Pastor Mendieta, son enjuiciados por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes, dentro del caso “golpe de Estado II”. Además, hay otros uniformados incluidos en el proceso, pero que están prófugos de la justicia.

La defensa de la exmandataria también interpuso una acción de inconstitucionalidad contra la legalidad de los delitos mencionados, y mientras no se resuelva eso, el tribunal no podrá emitir una sentencia contra ella.