La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) calificó como “un acuerdo político” el incremento salarial al haber básico del 3% y al mínimo nacional del 4% para esta gestión acordado este miércoles entre el presidente Luis Arce y la Central Obrera Boliviana (COB).

A través de un comunicado, reiteraron que las “consecuencias perjudiciales” de estas medidas en el plano económico y social, serán de “entera responsabilidad” del Gobierno y de la dirigencia de los trabajadores.

Los empresarios alertaron que el incremento salarial 2022 tendrá un efecto “muy grave” sobre las empresas, especialmente las micro y pequeñas empresa (mypes), que se reflejará en la pérdida de fuentes de trabajo, informalización, precarización laboral e insostenibilidad económica y financiera y la imposibilidad de realizar nuevas contrataciones e inversiones.

“Esto es, además, una inaceptable discriminación contra el sector privado, sobre todo contra las pequeñas y medianas empresas, así como a aquellas que pertenecen a distintas regiones y rubros productivos, a las que se les obliga a incrementar los salarios, sin ninguna excepción y sin considerar la situación económica que atraviesan”, señala un documento.

Los empresarios afirmaron que en la actual situación de crisis, “los niveles de incrementos salariales impuestos son inadecuados”, y recuerdan que “ni el mismo sector público” puede permitirse su aplicación a todos los funcionarios del Estado, por lo que tuvo que excluir de su pago al personal dependiente de los ministerios, empresas públicas, entre otras.

Con relación a la posibilidad de que los trabajadores organizados negocien con las empresas un porcentaje mayor de aumento salarial, adicional al 3% obligatorio, la patronal boliviana señaló que esta determinación “activa un escenario de discordia que puede generar conflictos, desequilibrios y tensiones, cuyo resultado afectará la gestión de las unidades productivas”.