La Sala Constitucional Cuarta de La Paz rechazó este miércoles una Acción Popular presentada por un grupo de personas que pedían la abrogación de los decretos supremos 4640 y 4641 con el fin de anular la obligación de presentar el carnet de vacunación en instituciones públicas y privadas.
La solicitud fue denegada porque no se agotaron las vías pertinentes y se buscó el respeto del derecho a la vida.
La información fue confirmada por el asesor de la Dirección Jurídica de la Alcaldía de La Paz, Marcelo Aguilar.
“Saludamos la disposición de la Sala Constitucional Cuarta que ha denegado la presente Acción Popular debido a que no se tiene las líneas definidas, no se han agotado las vías pertinentes antes de iniciar la presente acción de amparo y, además, se ha respetado el derecho a la vida, que es la norma suprema que rige el ordenamiento jurídico positivo”, dijo, según la agencia municipal de noticias.
La audiencia se realizó este miércoles de manera virtual. Aguilar explicó que el alcalde de La Paz, Iván Arias, presentó los alegatos del por qué no se podía dar vía libre a este amparo presentado contra el presidente Luis Arce y los decretos 4640 y 4641.
En su intervención virtual, Arias alegó: “nosotros como Gobierno Municipal nos presentamos para abogar por la vida, para abogar por el respeto a la salud pública, por el respeto a que todos nos cuidemos; las personas tenemos que ser muy conscientes, en este caso se puede versar claramente que lo que pretende esta Acción Popular es atentar contra la salud pública y no resguardar la vida de los bolivianos, por lo tanto yo pido que se deniegue la tutela”.
Esta acción popular fue interpuesta por Brad Kevin Antezana, Carlos Fernando Barrera, Sergio Prudencio Vallejos, Prudencio Vallejos y Rudy Nelson Escobar. En su demanda, ellos sostuvieron que los dos decretos “coaccionan a todos los ciudadanos en territorio nacional a cumplir con una vacunación obligatoria contra la Covid-19”.
Los decretos supremos 4640 y 4641 establecen la obligatoriedad de presentar el carnet de vacunación con esquema completo o prueba PCR efectuada con 48 horas de antelación para la realización de cualquier trámite en institución pública o privada, viajes interdepartamentales o internacionales, además de otras actividades.
Además de Arias, fueron notificados el presidente Arce; el gobernador de La Paz, Santos Quispe; el presidente del Colegio de Abogados de La Paz, Edson Foronda; y la ejecutiva de las Confederación de Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa”, Flora Aguilar.
Sin embargo, solo asistió una representación del jefe de Estado y el alcalde de La Paz, según la agencia municipal.
Otras acciones
De cinco acciones constitucionales interpuestas en contra de los citados decretos, dos resultaron improcedentes debido a un planteamiento defectuoso y carente de pruebas; dos fueron observadas; y una se encuentra pendiente para la realización de audiencia, informó el Ministerio de Justicia.
La cartera precisó que la acción presentada ante la Sala Constitucional Cuarta de Santa Cruz por Rubén Darío Ardaya Cadario en contra del Ministerio de Salud y Deportes, Luis Fernando Camacho Vaca, Max Jhonny Fernández Saucedo y Erick Holguín Doynel, aún no cuenta con fecha para desarrollar la audiencia.
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