El sistema judicial de Bolivia sufre los efectos de la interferencia política desde hace años. El gobierno interino de Jeanine Áñez (noviembre de 2019 a noviembre de 2020) promovió procesos judiciales en base a cargos infundados contra opositores políticos. Del mismo modo, el gobierno de Luis Arce (noviembre de 2020 a la fecha) apoya acusaciones desproporcionadas de terrorismo y genocidio contra la expresidenta Áñez sin la evidencia necesaria. Además, en febrero de 2021 otorgó una amnistía por delitos vinculados con la crisis política que atravesó el país en 2019, la cual parecía estar diseñada para favorecer a sus simpatizantes. En respuesta a un informe que emitió un grupo de expertos internacionales en agosto, el presidente Arce dejó la amnistía sin efecto y prometió reformar el sistema de justicia.

Los expertos internacionales documentaron graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el gobierno interino de Áñez, incluyendo dos masacres brutales llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad, así como actos de violencia “instigados” por el gobierno de Evo Morales (enero de 2006-noviembre de 2019). El informe expuso las deficiencias de la Fiscalía General del Estado a la hora de realizar investigaciones adecuadas y garantizar la rendición de cuentas por estos crímenes.

Las mujeres y niñas siguen estando expuestas a un alto riesgo de violencia. Persisten los problemas de la sobrepoblación carcelaria y el uso excesivo de la prisión preventiva. Los pueblos indígenas enfrentan obstáculos para ejercer su derecho, reconocido por el derecho internacional, a la consulta previa, libre, e informada respecto a medidas que puedan afectarlos, y se han visto gravemente perjudicados por incendios iniciados por agricultores que se extienden a sus tierras.

Independencia judicial

El expresidente Evo Morales socavó la independencia judicial durante sus casi 14 años en el poder. La Constitución de 2009 habilitó a los votantes a elegir a los jueces de tribunales superiores a partir de listas creadas por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Los legisladores del partido de Morales —el Movimiento al Socialismo (MAS)— colmaron las listas con sus simpatizantes. En 2010, se dispuso que todos los jueces designados antes de 2009 eran “transitorios”. Muchos fueron destituidos de forma sumaria.

Durante el gobierno de Morales, los fiscales presentaron cargos contra varios de sus rivales políticos que, aparentemente, respondían a motivaciones políticas.

Alrededor del 80 % de los jueces y fiscales aún son “transitorios”, lo cual aumenta el riesgo de que tomen decisiones para complacer al gobierno de turno y así poder permanecer en el cargo.

El gobierno de la presidenta interina Áñez presionó a fiscales y jueces para que actuaran de manera favorable a sus intereses, dando lugar a investigaciones penales por sedición, terrorismo o pertenencia a una organización delictiva contra más de 150 personas vinculadas con el gobierno de Morales, que en muchos casos parecían responder a motivaciones políticas.

Tras ganar las elecciones presidenciales de octubre de 2020, Luis Arce, perteneciente al MAS, dijo que el sistema de justicia debería ser independiente de la política. En noviembre de 2020 estableció una comisión de expertos para proponer reformas.

Sin embargo, en febrero de 2021, el presidente Arce decretó una amnistía que permitía la impunidad por delitos graves y parecía haber sido diseñada para favorecer a sus simpatizantes.

En marzo, las autoridades detuvieron a Áñez y a dos de sus exministros por terrorismo y otros cargos, en relación con su supuesta participación en un golpe de Estado contra Morales en noviembre de 2019. En agosto, el fiscal general acusó a Áñez de genocidio por dos masacres ocurridas durante su gobierno. Human Rights Watch revisó los documentos de imputación y la proposición acusatoria y no halló pruebas de que Áñez hubiera cometido actos de terrorismo o genocidio.

Al 3 de noviembre, Áñez continuaba en prisión preventiva. En agosto, la Oficina de las Naciones Unidas en Bolivia instó al gobierno a implementar estrategias de prevención del suicidio y otras medidas para preservar su salud.

También en agosto, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado en el marco de un acuerdo del gobierno con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, publicó un informe en el cual puso de manifiesto la falta de independencia del sistema judicial. En respuesta, el gobierno de Arce revocó el decreto de amnistía de febrero de 2021. En octubre, su gobierno firmó un acuerdo con organismos de la ONU para reformar el sistema de justicia, que incluye recibir recomendaciones de expertos nacionales e internacionales.

Violencia y abusos relacionados con las protestas

El informe del GIEI documentó 37 muertes en el contexto de las protestas por las controvertidas elecciones de octubre de 2019. Concluyó que, durante el gobierno de Áñez, las fuerzas de seguridad habían ejecutado a 20 partidarios de Morales y herido a más de 170 personas en las masacres de Sacaba (Cochabamba) y de Senkata (La Paz). El informe presentó pruebas contundentes de detenciones ilegales, violencia sexual y tortura “sistemática” por policías en la ciudad de El Alto, de población mayormente indígena, así como otros abusos en el resto del país. También indicó que la policía no había protegido a las personas de la violencia cometida tanto por partidarios como por detractores de Morales, y que en algunos lugares incluso había alentado y colaborado con grupos violentos contrarios a Morales que actuaban como fuerzas “parapoliciales”. El informe también documentó actos de violencia “instigados” por el gobierno de Morales, que incluyen lesiones, privación de la libertad y torturas a manifestantes contrarios a Morales.

El GIEI destacó graves falencias en las investigaciones de esos abusos e instó a la Fiscalía General del Estado a reabrir casos que había cerrado sin una debida investigación.
Abusos durante regímenes autoritarios

Bolivia tan solo ha juzgado a unos pocos de los funcionarios responsables de violaciones de derechos humanos cometidas durante los gobiernos autoritarios entre 1964 y 1982, en parte porque las Fuerzas Armadas se han negado a compartir información en algunas ocasiones.

La “Comisión de la Verdad” creada en 2016 presentó su informe final al presidente Arce en marzo de 2021, en el cual se documentan asesinatos, desapariciones forzadas y torturas perpetrados durante ese período, presuntamente por agentes del Estado. El informe, compuesto por 11 volúmenes, insta a que se juzgue a los responsables. Al 3 de noviembre, solo estaba disponible en internet el resumen ejecutivo.
Covid-19

Bolivia registraba más de medio millón de casos confirmados de Covid-19 y casi 20.000 muertes al 27 de octubre, si bien es probable que las estadísticas oficiales presenten una significativa subestimación de las muertes. Para esa fecha, cerca de 30 % de la población había recibido el esquema de vacunación completo y otro 29 % había recibido una dosis de las vacunas de dos dosis.

El gobierno de Áñez cerró las escuelas en marzo de 2020. En agosto, canceló el resto del año escolar, cuya finalización estaba programada para fines de diciembre. Las clases se reanudaron en febrero de 2021, mayormente de forma virtual. Miles de estudiantes no pudieron recibir clases por no contar con dispositivos ni acceso a internet. Para septiembre, el 77 % de las escuelas había retomado alguna modalidad presencial, indicó el gobierno.

Condiciones de detención

A fin de reducir la grave sobrepoblación en las cárceles durante la pandemia del Covid-19, el gobierno de Áñez dictó un decreto en abril de 2020 por el cual dispuso la liberación de determinadas categorías de reclusos. En febrero de 2021, el gobierno de Arce emitió un decreto similar. Como resultado de estos dos decretos, se había liberado a 1.162 y 787 detenidos, respectivamente, a julio de 2021, según la Defensoría del Pueblo.

Sin embargo, el impacto en la cantidad total de personas detenidas ha sido muy bajo. En Bolivia, había 18.126 reclusos en establecimientos carcelarios en enero de 2020; 17.863 en febrero de 2021; y 17.908 en agosto de 2021. Los centros de detención albergan dos veces y media más detenidos de lo que permite su capacidad, lo cual prácticamente imposibilita el distanciamiento social.

El sistema de justicia de Bolivia sigue haciendo un uso excesivo de la prisión preventiva. El 65 % de los reclusos se encuentra a la espera de un juicio, informó la Defensoría del Pueblo.

En noviembre de 2020, la Defensoría del Pueblo documentó condiciones de sobrepoblación en 4 de los 16 centros de detención de menores de Bolivia, así como acceso inadecuado a servicios de salud, educación e higiene.
Libertad de expresión y acceso a la información

El informe del GIEI documentó decenas de ataques físicos contra periodistas por parte de policías, soldados y manifestantes durante las protestas relacionadas con las elecciones de 2019. El informe concluyó que las autoridades no habían realizado investigaciones adecuadas sobre estos ataques.

La Asociación Nacional de la Prensa (ANP), que representa a los principales medios impresos del país, informó sobre varios casos de violencia contra periodistas por parte de policías o manifestantes en 2021.

En agosto de 2021, el gobierno acusó a los medios de “mentir” y responder a intereses extranjeros, e identificó a varios periódicos por sus críticas al oficialismo. La ANP rechazó las acusaciones y defendió la libertad de prensa.

Aunque la Constitución reconoce el derecho de acceso a la información, Bolivia no cuenta con una ley para implementar ese derecho. El gobierno informó que estaba trabajando en un proyecto de ley de acceso a la información, pero al 3 de noviembre de 2021 no lo había presentado. Comunidad Ciudadana, el principal partido opositor en el Congreso, presentó su propio proyecto en febrero de ese año.

Derechos indígenas

La Constitución de 2009 contempla amplias garantías para los derechos de los pueblos indígenas a la titulación colectiva de tierras y territorios, la educación intercultural, la consulta previa para proyectos de desarrollo y la protección de sistemas jurídicos indígenas.

Sin embargo, los pueblos indígenas siguen enfrentando obstáculos para ejercer el derecho al consentimiento previo, libre e informado respecto de medidas que puedan afectarlos.

El Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), una organización no gubernamental boliviana, estima que más de 5 millones de hectáreas de tierras en territorios indígenas de la Amazonía y las tierras bajas —cerca del 42 % de esos territorios— se quemaron entre 2010 y 2020. El CEJIS informó que los agricultores iniciaron los incendios para despejar tierras próximas a los territorios indígenas, una práctica que se ve facilitada por leyes que ampliaron el área de la selva amazónica disponible para usos agrícolas, otorgaron amnistías por deforestación ilegal y solamente fijaron una multa de bajo valor por iniciar quemas sin autorización.

Derechos de mujeres y niñas

Las mujeres y niñas siguen estando expuestas a un alto riesgo de violencia, a pesar de una ley de 2013 que contempla medidas integrales para prevenir y castigar la violencia de género. La ley tipificó el delito de “feminicidio”, al cual define como el homicidio de una mujer en determinados contextos, incluido el de violencia doméstica.

El fiscal general indicó que hubo 113 feminicidios en 2020 —cifra que representa una reducción del 3 % en comparación con 2019— y 95 desde enero hasta el 31 de octubre de 2021.

La legislación boliviana prevé el aborto legal cuando el embarazo sea resultado de una violación o cuando sea necesario para proteger la vida o la salud de la mujer o niña embarazada. Sin embargo, la mayoría de los trabajadores entrevistados por la Defensoría del Pueblo en 39 centros de salud que deberían realizar abortos en esas circunstancias no conocían los requisitos para el aborto legal o mencionaron más requisitos de aquellos establecidos por la ley. A su vez, la mitad de esos centros no contaban con instalaciones adecuadas para practicar abortos, y el 77 % no tenía los equipos multidisciplinarios de profesionales que exige la ley.

Orientación sexual

En diciembre de 2020, el Servicio de Registro Cívico acató una orden judicial e inscribió la relación de una pareja gay como “unión libre”. Sin embargo, en junio de 2021 negó el mismo derecho a una pareja lesbiana, que sucesivamente presentó un recurso administrativo contra esa decisión. El caso de la pareja gay se encuentra en trámite ante el Tribunal Constitucional, que se espera que determine si todas las parejas del mismo sexo pueden formar “uniones libres”.
Actores internacionales clave

En 2017, el Tribunal Constitucional de Bolivia eliminó el límite constitucional para la reelección al sostener que violaba los derechos humanos del entonces presidente Evo Morales. En agosto de 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una opinión consultiva a pedido de Colombia que concluyó que la prohibición a la reelección presidencial indefinida no violaba los derechos humanos, sino que contribuía a la pluralidad e impedía que el poder se perpetuara en manos de una sola persona. Aunque no tienen carácter vinculante, las opiniones consultivas de la corte constituyen interpretaciones oficiales del tribunal encargado de interpretar y aplicar la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

En diciembre de 2020, Bolivia, junto con México, votó en contra de una resolución de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que condenaba las elecciones “fraudulentas” en Venezuela. En marzo de 2021, Bolivia votó en contra de una resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que instaba a Nicaragua a derogar o reformar leyes que podrían restringir de manera indebida la libertad de expresión y de asociación. En junio, votó en contra de una resolución de la OEA que exhortaba al gobierno del presidente nicaragüense Daniel Ortega a liberar a candidatos presidenciales opositores que se encontraban detenidos ilegalmente, y en octubre se abstuvo de votar en otra resolución de la OEA en la cual se reiteraba ese pedido.