El gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) busca nuevamente tomar la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb) con una dirigencia paralela, con el objetivo de evitar denuncias graves de vulneración a los derechos humanos que comete el partido azul contra quienes considera adversarios.
“Pueden conformar las dirigencias paralelas que consideren, pero nunca van a poder sustituir la esencia, el trabajo de la Apdhb, el voluntariado de todos los días para atender todas las demandas de las personas que necesitan apoyo. No es la primera vez que el MAS intenta tomar a Derechos Humanos, porque es la única instancia que le incomoda; lamentablemente, la Defensoría del Pueblo responde al poder”, sostiene el exasesor jurídico de la Apdhb y actual investigador del Cedib Franco Albarracín.
Denunció que por lo menos es “la quinta vez que llaman a un congreso para constituir una organización paralela en el contexto de la Asamblea de Derechos Humanos”.
Recordó que esta práctica es habitual en el MAS, como lo hizo en la Cidob, Conamaq, Adpecoca y el Colegio Médico de Bolivia, con el objetivo de debilitar organizaciones y no tener oposición.
“Ahora se presenta una arremetida contra la Apdhb, maniobras del MAS, justamente cuando se constatan graves vulneraciones en contra de los derechos humanos y la institución representa un obstáculo, una piedra en el zapato para el oficialismo”, aseguró.
Manuel Morales, dirigente de Conade, dijo que se trata de un falso congreso desarrollado en la Federación de Mineros, con la participación de afines al partido gobernante, para elegir a Edgar Salazar como dirigente paralelo.
“Este lunes se va a pronunciar la Apdhb, ante la nueva arremetida masista que quiere llevarse por delante las instituciones, atentar contra la institucionalidad; la Apdhb está afiliada a la Federación Internacional de Derechos Humanos, por lo tanto hay una ley que protege a los defensores de los derechos humanos”, dijo.
Antecedentes
En febrero de 2017, los afines al MAS, encabezados por el dirigente minero difunto Orlando Gutiérrez, irrumpieron de manera violenta y allanaron la Casa de Derechos Humanos e intimidaron a su presidenta, Amparo Carvajal, para que entregara las llaves de las instalaciones, amenazando con que en caso contrario tomarían la misma por la fuerza.
En 2019, Amnistía Internacional, en su informe sobre Bolivia, denunció que autoridades del más alto nivel gubernamental en Bolivia, incluyendo al entonces presidente Evo Morales y a su ministro de Gobierno Carlos Romero, han acusado y amenazado públicamente a personas y organizaciones defensoras de derechos humanos, críticas de sus políticas.
Durante esta gestión, varias fueron los intentos de tomar Apdhb, incluso los Wila Lluchu’s del MAS amenazaron con quemar la casa de Amapro Carvajal.
PARTIDO GOBERNANTE IMPULSA COMITÉ
En tanto se procedía con un congreso apócrifo de presuntos dirigentes de derechos humanos, en Santa Cruz, el partido azul impulsa intentaba activar el denominado Comité Cívico Popular, organización paralela al Comité Cívico pro Santa Cruz.
Ante esta posibilidad, un grupo de ciudadanos llegó hasta la sede de la Cámara Departamental de la Pequeña Industria y Artesanía (Cadepia) de Santa Cruz para evitar que el expresidente Evo Morales llegue a celebrar el aniversario de Comité Cívico Popular de Bolivia.
La creación de un comité cívico paralelo por parte de sectores sociales del MAS se inició en septiembre de 2006, oportunidad en que provocó el rechazo del Comité pro Santa Cruz y de miembros de la Unión Juvenil Cruceñista y ciudadanía.
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