En sus observaciones finales sobre el tercer informe periódico presentado por Bolivia en Ginebra, Suiza, el Comité contra la Tortura de la ONU expresó su preocupación por la falta de independencia y autonomía del sistema de justicia y por una debilidad institucional, por lo que pidió una “reforma urgente”.

Este Comité señaló que identificó como obstáculos de la justicia a la impunidad y a la falta de independencia del sistema de justicia. Señaló que esa falta de independencia y autonomía del Poder Judicial y del Ministerio Público “queda evidenciado en procesos judiciales por sedición y terrorismo contra opositores políticos”.

Indicó que preocupa a este comité las disposiciones de los artículos 123 y 135 del Código Penal, en las que se tipifican en base a conceptos extremadamente vagos los delitos de sedición y terrorismo, respectivamente. Por estos tipos penales tienen procesos en curso la expresidenta Jeanine Añez junto a exministros y exautoridades militares y policiales de su gestión gubernamental transitoria.

El comité de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) señaló que identificó una debilidad institucional del sistema de justicia, donde la mayoría de los jueces y fiscales son temporales y no forman parte de la carrera del servicio público. “El Poder Judicial no cuenta con suficientes recursos y existe una distribución inadecuada de los servicios de justicia”, advirtió.

Ante esas observaciones, el Comité contra la Tortura de la ONU advirtió que el Estado boliviano debe llevar a cabo una “reforma urgente del sistema de justicia, con el fin de garantizar su independencia y el respeto al debido proceso, en particular, adoptando una ley sobre la carrera judicial que garantice la estabilidad profesional, y revisando el proceso de selección, evaluación y remoción de juezas, jueces y fiscales, conforme a criterios públicos y objetivos, basados en el mérito. Se debe garantizar también los recursos necesarios para el adecuado funcionamiento de los órganos de justicia”.

También señaló que el Estado debe efectuar una revisión de su legislación antiterrorista, en particular, una reforma de los tipos penales de sedición y terrorismo, a fin de garantizar que sean acordes al principio de legalidad y a los estándares internacionales de derechos humanos.

Otra tarea que encomendó el citado Comité al Estado boliviano es garantizar la investigación pronta, exhaustiva, independiente e imparcial de todas las denuncias de tortura y malos tratos, en particular las relativas a hechos ocurridos en el periodo 1964-1982 y durante la crisis postelectoral 2019-2020, para que los autores sean enjuiciados y castigados, sin importar su afiliación política, y las víctimas obtengan acceso a la información y participación en los procesos y a una reparación integral.

Además, recomendó al Estado incrementar las actividades de formación de fiscales y jueces con el fin de mejorar la calidad de las investigaciones y la correcta calificación de los hechos, conforme a los Protocolos de Estambul y Minnesota.