Luis Arce fue el candidato elegido por Evo Morales para que postule a la presidencia por el MAS. Su hombre de confianza fue elegido con el 55% de los votos en las elecciones de octubre de 2020 y hace un año asumió el mando del país con la promesa de reconciliación y pacificación de una Bolivia polarizada.
Después de 365 días, varios frentes de conflicto atosigan al Jefe de Estado que denuncia que es víctima de una conspiración que busca deponerlo del poder pese a su amplia legitimidad, el respaldo de las fuerzas represoras del Estado y la amplia batería de organizaciones sociales agrupadas en el llamado Pacto de Unidad.
El 8 de noviembre de 2020 repudió el gobierno de Jeanine Añez porque no cumplió con dos tareas fundamentales que se había trazado: Pacificación y convocatoria a elecciones. "Hizo todo lo contrario, sembró muerte, miedo y discriminación, recrudeció el racismo y se usó la pandemia para prorrogar a un gobierno ilegal e ilegítimo" denunció entonces entre aplausos de sus seguidores.
Denunció que Añez persiguió y "criminalizó" a los dirigentes del MAS y hubo desde encarcelados hasta "exiliados".
Indicó que con su mandato "comienza un nuevo tiempo" en la historia de Bolivia. "Queremos hacerlo con un gobierno que sea para todas y para todos sin discriminación de ninguna naturaleza, nuestro gobierno buscará en todo momento reconstruir nuestra patria en unidad para vivir en paz" dijo entonces.
También dijo que la democracia es un valor fundamental porque permitía a la población expresar de manera inequívoca su opinión y es un "eje ordenador" de la institucionalidad y la sociedad. "La democracia no sólo es el voto para elegir autoridades (...) es la protección de los derechos civiles y políticos como la libertad de expresión y la libertad de organización, es pluralismo político" afirmó.
En su primer discurso como Presidente, Arce prometió enmendar los errores de su jefe y expresidente Evo Morales y profundizar lo que hizo bien.
Un año después, la expresidenta Jeanine Añe está en la cárcel detenida hace siete meses sin sentencia, dos de sus exministros también están detrás de rejas, más de 10 jefes militares tiene la misma suerte y más de una docena de jefes policiales fueron echados de la institución porque habrían participado en un "golpe de Estado" contra Evo Morales.
Esa fue la tarea principal de Arce en 12 meses de gobierno, convencer que en el líder de su partido fue víctima de una conspiración que de despojó del poder y que nunca hubo un fraude electoral en las elecciones de 2019.
Para consolidar ese objetivo se enfrentó con la comunidad internacional y organismos internacionales como la OEA y la UE, y quiso interpelar al Secretario General del organismo internacional por el informe de consistencia electoral practicada que demostró graves irregularidades en el cómputo de votos de 2019.
La Fiscalía General del Estado funcional al gobierno de Arce encargó una especie de auditoría al estudio realizado para la OEA y concluyó que no hubo fraude electoral, y cerró las investigaciones por ese caso y liberó de culpa a los denunciados, entre ellos Evo Morales.
En su primer año también persiguió a líderes y autoridades de la oposición como Luis Fernando Camacho, Manfred Reyes Villa, Iván Arias mediante procesos judiciales, y encarceló a líderes de la llamada Resistencia Juvenil Cochala (RJC) que durante la crisis política de 2019 se enfrentó a los grupos de choque del MAS ante la ausencia de la Policía en la ciudad de Cochabamba.
El líder del MAS, Evo Morales, delimitó que "no habrá reconciliación" con "fascistas" y "golpistas", y esa fue la línea que siguió Arce. Aún no se avizora una pacificación o la unidad de la que habló en el discurso de posesión.
Analistas políticos ven un peligroso aaumento de la polarización política como consecuencia de los discursos de odio. Arce descalifica de "golpistas" a sus opositores e insiste en que buscan deponerlo de la silla presidencial.
Ahora mismo afronta dos conflictos que le tienen intranquilo. Cambió al menos tres veces al alto mando militar y ajustó la Ley de Ascensos Militares.
Gremiales, transportistas y otros sectores dedicados a la economía informal hicieron retroceder al Mandatario cuando quiso aprobar la Ley de Legitimación de Ganancias Ilícitas y ahora buscan la anulación de otra norma que, según denuncian, criminaliza al sector informal.
Cívicos y organizaciones de la sociedad civil iniciaron hoy un paro cívico indefinido hasta que se abrogue dicha norma y Arce tuvo que desplegar a la Policía y a sus "movimientos sociales" para levantar los puntos de bloqueo principalmente en las ciudades de Santa Cruz y Cochabamba.
Ese es el escenario cuando el alfil de Morales cumple un año en el poder.
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