El presidente de Bolivia, Luis Arce, afirmó durante su intervención en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), que los países desarrollados tratan de aprovechar la crisis climática global para imponer un "nuevo colonialismo del carbono" ligado al "capitalismo verde". Sin embargo se olvidó mencionar las cifras en rojo de Bolivia en temas de medioambiente.

"Estamos conscientes de que los países desarrollados están promoviendo un nuevo proceso de recolonización mundial que podemos denominar un nuevo colonialismo del carbono", señaló en su discurso realizado en Glasgow, Escocia.

Sin embargo, de acuerdo a la Base de Datos de Emisiones Internas de la Comisión Europea para la Investigación Atmosférica Global (EDGAR, por su sigla en inglés), muestra al 2019, que Bolivia es el quinto país de la región sudamericana en emisiones de gases de efecto invernadero en relación al Producto Interno Bruto (PIB) por quema de combustibles fósiles.

Así, la relación entre emisiones por cada unidad de PIB en Bolivia es de 0,27. La cifra es muy cercana a la de Estados Unidos (0,29) y cerca de la mitad de China (0,51). Estas cifras no incluyen las emisiones generadas por la deforestación, quemas (chaqueos), cambio de uso del suelo y otras fuentes, que podrían elevar considerablemente la evidencia de la contribución de Bolivia al calentamiento global.

El Jefe de Estado también criticó duramente lo que describió como falta de compromiso verdadero del mundo desarrollado para enfrentar la crisis, debido a que las medidas adoptadas por los países desarrollados hasta ahora, están muy lejos de lo comprometido hace seis años en el Acuerdo de París.

“El Fondo Verde del Clima debe acatar los mandatos de la COP y avanzar con urgencia en la creación de una ventana específica de financiamiento para los enfoques alternativos a REDD+”, señaló en alusión a la reducción de las emisiones debidas a la deforestación y la degradación de los bosques.

Sin embargo, al Presidente Arce también se le olvidó mencionar que de acuerdo a un estudio de Global Forest Watch, cinco países de América Latina se encuentran entre las diez naciones con mayor pérdida de bosques primarios en el mundo, donde Brasil lidera este ranking latinoamericano y mundial con más de un millón de hectáreas perdidas durante el 2019, seguido de Bolivia que ocupa el cuarto lugar en el mundo y el segundo en Latinoamérica. Los siguientes en la lista son Perú, Colombia y México.

Luis Arce aseguró que la COP26 en Glasgow es “el momento de frenar la hipocresía con la Madre Tierra y de mostrar claramente que hay una voluntad real en los países desarrollados de impedir su inminente colapso, toda vez que esa voluntad ya existe en los países en desarrollo”.

Contrariamente a la defensa de la Madre Tierra, en Bolivia en la última década se profundizó el modelo extractivista basado en la explotación de hidrocarburos y minerales, no solo en áreas tradicionales, sino también en no tradicionales, con graves impactos socioambientales en zonas altamente sensibles como la Amazonía y la Chiquitanía, tal como lo demuestran investigaciones especializadas.

Instituciones como el Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), la Fundación Jubileo, el Centro de Estudios Laborales y Agrarios (Cedla), además de universidades, entre otras organizaciones de la sociedad civil han demostrado cómo el sistema de Áreas Protegidas ha sido debilitado, permitiendo que actividades mineras avancen sin parar en territorios indígenas y de alta riqueza de biodiversidad, con solo resoluciones de rezonificación interna.

El boom de los precios altos del oro ha exacerbado la explotación aurífera en la Amazonía, donde cooperativistas locales se han asociado de manera ilegal con capitales chinos y colombianos, tal como lo reconoció la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM).

Los avasallamientos de interculturales a tierras comunitarias, privadas y fiscales, junto con deliberados incendios forestales para la ampliación de la frontera agrícola y el tráfico de tierras también provocado que zonas como la Chiquitanía se hayan declarado en desastre ambiental, tal como sucedió el 2019.

Fue el propio Presidente que prometió convertir al país en un potencial exportador de carne, lo cual ha motivado mayor ampliación desmonte y deforestación para actividad agropecuaria. Y también ofreció a las petroleras extranjeras explotar en zonas no tradicionales como la Amazonía.