La presencia de narcotraficantes, contrabandistas y ahora avasalladores armados que generaron zozobra en la propiedad Las Londras, en la provincia Guarayos, en el departamento de Santa Cruz, reveló el fracaso del desarme civil impulsado por el gobierno de Evo Morales y el incumplimiento de la Ley 400 de control de armas de fuego, munición y explosivos.

Ayer, periodistas de cinco medios de comunicación de Santa Cruz, junto con policías y civiles, fueron tomados como rehenes y golpeados durante siete horas por avasalladores y encapuchados armados en la estancia Las Londras.
El analista Gary Prado considera que la presencia de grupos armados genera una peligrosa desinstitucionalización del Estado, que va en ascenso, porque en años anteriores sólo se hablaba de narcotraficantes armados; luego aparecieron grupos de contrabandistas y ahora se está viendo a avasalladores.

“Hasta hace unos años se hablaba de varios casos de supuestos ajustes de cuentas entre narcotraficantes. Pero lo que se ha visto el jueves es más preocupante porque, en zonas despobladas donde no hay control permanente de las autoridades, están actuando grupos irregulares y no son armas de juguete, son armas de fuego de porte militar”, refirió Prado a Página Siete.

Pidió al Gobierno controlar de inmediato esta situación, de lo contrario, así como hay avasalladores armados, no faltará gente que tome el mismo ejemplo para defender sus tierras, y eso generaría una escalada de violencia incontrolable.

Desde 2014 se impulsó una política de desarme voluntario para alcanzar una cultura de paz y fomentar el cumplimiento de la Ley 400.

En 2016, el gobierno de Evo Morales inició campañas de desarme voluntario y el Registro de Armas de Fuego y Municiones de Uso Civil (Reafuc), ante el incremento de hechos delictivos y porque se había detectado que un número elevado de la población civil portaba armas.

“La campaña mediática del ministro (Carlos) Romero puede haber sido eso simplemente, una campaña mediática, porque estamos viendo que los grupos armados están ahí vigentes, latentes, poderosos y afectando los derechos de la población”, apuntó Prado.

El diputado José Manuel Ormachea, de Comunidad Ciudadana (CC), considera que al Movimiento Al Socialismo (MAS) no le conviene un desarme de la sociedad civil, por eso “fracasó” la campaña de desarme. Además, aseguró que el Gobierno es muy permisible con el ingreso de personas extranjeras vinculadas al narcotráfico, terrorismo y corrupción.

“Ha fracasado el desarme civil porque el propio MAS siempre amenaza con milicias armadas; entonces no le conviene un desarme civil, era puro show”, dijo a Página Siete el diputado.

Además, indicó que cada vez aparecen más grupos armados “alojados” en el país. Días atrás se denunció que narcotraficantes del Primer Comando de la Capital (PCC) de Brasil operan desde Bolivia y también la presencia de integrantes del grupo “Los Dinámicos del Centro”, de Perú, entre otros. Por su parte, la diputada María René Álvarez, de Creemos, señaló: “Seguimos con estos grupos armados causando delincuencia dentro de nuestro departamento y el Ministro de Gobierno y el Gobierno no hacen nada para poder encarcelar a estos delincuentes que están causando zozobra”, en alusión a los avasalladores.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó que se investigarán los sucesos registrados en Guarayos hasta encontrar a los responsables y llevarlos ante la justicia.

Anunció que se harán controles en distintas regiones donde se haga uso de armas de fuego sin ninguna autorización.

“Cualquier acción de retención a una persona dentro del territorio nacional, sea ciudadana nacional o extranjera, vamos a utilizar todas las herramientas que tengamos como Estado Plurinacional para que este tipo de acciones no se reproduzcan en el futuro”, señaló.