Legisladores, abogados y analistas cuestionan el rol del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) al considerar que es una institución “servil al Gobierno”, que emite resoluciones o las hace desaparecer a gusto del cliente.

La magra imagen de los magistrados del TCP se deteriora mucho más día que pasa, por la falta de credibilidad en su accionar.

El constitucionalista Williams Bascopé Laruta denunció que el TCP ratificó la posición de la Comisión de Admisión, en sentido de que los abogados que pidieron un pronunciamiento sobre el tema de la reelección indefinida no estaban habilitados para esa solicitud por no ser parte de esa acción de inconstitucionalidad.

La senadora Andrea Barrientos, de Comunidad Ciudadana (CC), denunció que el Constitucional se considera una institución intocable y que los asambleístas no pueden fiscalizarla porque es autónomo e independiente.

“Dos hechos nos llaman la atención: el TCP procesado, enjuiciado, queda libre; los magistrados que sacan un comunicado que avala la sucesión constitucional de la expresidenta Jeanine Áñez quedan hoy libres de culpa. Esto el 28 de septiembre; el día de ayer (29), para la sorpresa del pueblo boliviano, a pesar de los tratados internacionales en derechos humanos, a pesar de que existe una opinión consultiva de la CIDH, el TCP rechaza anular el fallo sobre la reelección indefinida”, señaló.

Agregó que, hoy más que nunca, este Tribunal Constitucional, estos firmantes de esta sentencia que mágicamente desaparecen le responde al MAS, es un servilismo.

El abogado Arturo Yáñez, al ser consultado sobre cómo trabaja el TCP y su servilismo al Gobierno central, dijo que esta sumisión al Órgano Ejecutivo no es de ahora.

Recordó que, en su accionar, el Constitucional emitió resoluciones o sentencias en favor del poder, entre ellos: aprobación de reelección, hacer desaparecer juicios en rebeldía, rechazar pedidos de inconstitucionalidad, entre otros.

“Es mucha coincidencia que justo un día antes de rechazar abrir proceso a los magistrados del TCP, muy sospechoso, es un combo, tienen que hacer esto y obviamente se los va a sacar, es bien sospechoso”, dijo.

Juicios en rebeldía

En otro aspecto que se vio la sumisión del TCP al Órgano Ejecutivo fue el hacer desaparecer una sentencia constitucional sobre los juicios en rebeldía, es decir que nadie podía ser juzgado en ausencia.

La senadora Barrientos recordó que la existencia de la sentencia 0012/2021 fue confirmada por el ministro de Justicia, Iván Lima, en una entrevista en marzo.

El 25 de marzo, el Ministro de Justicia, quien tuvo acceso a la sentencia, hizo alusión a la misma señalando que “(el TCP) ha declarado inconstitucional el juicio en rebeldía, ya no hay más juicio en rebeldía ni en ausencia”, y añadió “que no es la mejor noticia” para el Gobierno.

Después de estas declaraciones, el presidente del TCP, Paul Antonio Franco, dijo que no existía nada, pese a existir la sentencia.

TCP cuestiona rol fiscalizador de la ALP

La senadora Andrea Barrientos (CC) denunció que el TCP eludió responder una petición de informe escrito sobre la “desaparecida” Sentencia Constitucional 0012/2021 sobre los juicios en rebeldía, bajo el argumento de que es una institución independiente y autónoma.

“Considerando que el Reglamento General de la Cámara de Senadores no contempla al TCP, consiguientemente, la Sala Plena de esta institución determinó que a través de presidencia se represente las peticiones de informe escrito u oral, que provengan de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en mérito a la autonomía e independencia que goza esta institución por mandato de la Constitución; ello no debe entenderse como un obstáculo que permita la coordinación de labores de este Tribunal con los demás órganos del Estado”, señala el TCP en respuesta a la petición de informe.