Gremiales y otros sectores de la sociedad civil salieron a las calles para exigir la abrogación de la Ley 1386 que pone en la mira a los sectores informales; no obstante, el Gobierno se adelantó para calificar de "fracaso" la presión social.

La marcha de gremiales de la ciudad de El Alto llegó hace instantes al centro de la ciudad de La Paz. "Gremiales de pie, nunca de rodillas" corearon y exigieron: "Abrogación, abrogación".

Los comerciantes también salieron a marchar en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra para pedir la anulación de la norma promulgada por el presidente Luis Arce.

La ciudad de Potosí también es epicentro de un paro cívico y movilizaciones en contra de la norma que establece que la economía informal está en el grupo de riesgo para las ganancias ilícitas y otras medidas que pusieron en alerta a sectores como gremiales, choferes, cooperativistas y otros.

Las movilizaciones se registran después de que el Gobierno dejó sin efecto un proyecto de ley contra las ganancias ilícitas después de movilizaciones ciudadanas pero no fue suficiente porque la "ley madre", 1386, continúa vigente.

Los afectados temen que el Gobierno pueda implementar la Ley 1386 de Estrategias Lucha contra las Ganancias Ilícitas con Decretos Supremos y no así con leyes que debe ser emanadas por la Asamblea Legislativa.

Antonio Siñani, dirigente de los gremiales de la ciudad de El Alto, dijo que "no existe confianza" en el Gobierno porque "para perseguir delitos contra la legitimación de ganancias ilícitas" se autoriza al Presidente "aprobar decretos". "Eso dice el artículo 7 y en el apartado noveno de la estrategia señala que hay ganancias ilícitas en los informales que somos el 95% en El Alto".

"La Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo, podrá ser ajustada por el Órgano Ejecutivo del nivel central del Estado mediante Decreto Supremo, previa consideración y aprobación del Consejo Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo”, señala el artículo 7 de la norma observada.

El Gobierno descartó que esta norma busque afectar a los sectores que trabajan en la informalidad y reafirmó que no abrogará la misma. Además tildó de políticas las protestas que se registran en varias ciudades.

El ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, consideró que el paro convocado por sectores cívicos "es un fracaso" porque todas las actividades económicos y aeropuertos funcionan con normalidad.

El viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, también que el artículo 7 de la Ley 1386 alude a un ajuste en la estrategia orientada para luchar contra los que generan ganancias ilícitas como narcotraficantes, tratantes de personas, traficantes de órganos, traficantes de armas y otros.

"Si los dirigentes quieren participar en la reglamentación de los decretos supremos serán bienvenidos, pero sin defender a los que cometan delitos. ¿Están defendiendo a Murillo, a los narcotraficantes?" cuestionó.