Este lunes, el Gobierno iniciará una nueva semana para enfrentar la demanda de abrogación de la Ley 1386. Los gremiales del país y otros sectores evaluarán las movilizaciones del jueves y viernes y definirán nuevas medidas de presión, mientras que, el martes, el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) también se reunirá para adoptar otras acciones de protesta, tras el paro de 48 horas.

Mientras los sectores piden la abrogación de la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo, por considerar que se vulneran derechos y garantías de la ciudadanía establecidas en la Constitución Política del Estado, el Gobierno y el Movimiento Al Socialismo (MAS) invitan a esos grupos a participar en la redacción del decreto reglamentario de esa norma, para incluir en el documento sus observaciones.

Luego de concluir una marcha de protesta en la ciudad de Santa Cruz, el secretario ejecutivo de los gremiales del país, Francisco Figueroa, informó que se declaró un “cuarto intermedio” en sus movilizaciones hasta este lunes, día en el que los sectores que rechazan la Ley 1386 sostendrán una nueva reunión para definir las futuras medidas de presión para lograr la abrogación de la citada norma.

Figueroa y dirigentes de otros sectores, entre ellos el transporte internacional y mineros cooperativistas, no descartaron la realización de otras medidas de protesta, como el paro indefinido o el bloqueo de caminos.

Por otro lado, el presidente del Comcipo, Juan Carlos Manuel, anunció para este martes una reunión en la que también se definirán nuevas medidas de protesta no sólo contra la Ley 1386, sino también por la falta de obras impulsadas por el Gobierno en el departamento de Potosí, que está próximo a celebrar su aniversario, el 10 de noviembre.

Mientras tanto, el Gobierno calificó de “fracaso” las movilizaciones de los gremialistas que fueron realizadas la semana pasada. El ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, afirmó que las actividades se desarrollaron con normalidad en todo el país.

Por su lado, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, reiteró la invitación que hizo su colega de la Presidencia, María Nela Prada, para que los sectores que rechazan la Ley 1386 participen de la redacción del decreto reglamentario de la norma, para que allí sean tomadas en cuenta sus observaciones.

El diputado Renán Cabezas (MAS), advirtió que el plazo de 60 días hábiles para reglamentar la norma, fijada en la misma Ley 1386, corre y está próxima a cumplirse a inicio de noviembre, ya que esa normativa fue promulgada a mediados de agosto de este año.