La dirigencia de los sectores movilizados por el proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas (218) no bajará los brazos y ahora exige la abrogación de la ley 1386, Ley de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo que está vigente y cuyo anexo regula los lineamientos que tenía el proyecto de Ley 218.

“Han anunciado el retiro del proyecto de Ley, pero la ley madre está vigente, es la 1386, eso tienen que derogar porque ahí está toda su estrategia, entonces las cosas no han cambiado, en el ampliado vamos a debatir ese extremo y vamos a tomar medidas”, declaró el secretario ejecutivo de los gremiales de Bolivia, Francisco Figueroa.

La tarde de este jueves el Ejecutivo decidió retirar del Legislativo el proyecto de ley para detener la protesta que se está gestando. La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, admitió que hubo fallos en la socialización de este proyecto y que rectificarán ese error. En horas de la noche el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, informó que en la próxima sesión se tratará el pedido de retiro del proyecto de ley que hizo el Ejecutivo.

El ejecutivo de los transportistas, Víctor Tarqui, también dijo que el ampliado que se realizará mañana a las 13:00 en su sede de El Alto considerará el retiro, pero también la vigencia de la Ley 1386 que es en realidad la estrategia de lucha contra la legitimación.

“Nos dicen que retiran, pero la ley está publicada en la Gaceta, entonces nos están mintiendo. Nosotros no defendemos a narcotraficantes o grandes contrabandistas, nosotros defendemos a nuestros compañeros de base que se hicieron de un pequeño capital y ahora pueden perder todo”, declaró el dirigente transportista.

El ejecutivo de los panaderos, Dandy Mallea, aseguró que el estado de emergencia de su sector está vigente y también realizarán su ampliado mañana en la tarde, en esa reunión analizarán el retiro del proyecto y las consecuencias de la Ley 1386. Mallea dijo que ellos pueden suspender la elaboración del pan y elevar su precio si el Gobierno no cumple con las exigencias.

Los carniceros fueron más radicales y anunciaron el cierre de mercados y la subida de su producto. Los cuatro sectores ya no mencionan el proyecto, sino la Ley 1386 que está vigente y que diseña todo el trabajo que ya está realizando la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).

Aunque las autoridades aseguran que ya no existe razón alguna para la movilización de los sectores, estos afirman que la Ley 1386 debe ser abrogada porque amenaza al trabajo de los informales, principalmente.