Han desarticulado la RJC a plan de abuso y venganza, dice Milena Soto, una de las líderes de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) que afronta dos procesos por organización criminal y que cumple detención domiciliaria por uno de ellos. Dice que es “una simple civil desempleada” que sufre persecución política “¿Qué peligro le puedo representar al MAS si apenas puedo reunir dinero para sostenerme?”, afirma.

Son las 9:10 del 22 de septiembre cuando Milena Soto abre la puerta del edificio donde alquila un departamento, en Cochabamba. Allí cumple detención domiciliaria sin custodio.

Se la nota cansada y algo temerosa, pero accede a una entrevista con Página Siete para relatar su participación en las movilizaciones de 2019 que dieron lugar al nacimiento de la RJC. También habla de sus intenciones de incursionar en la política y de los procesos penales que actualmente enfrenta ante la justicia.

Asegura que la RJC se creó espontáneamente para evitar que ocurran asesinatos como el del joven Cristian Urresti. El 11 de enero de 2007,Urresti, 16 años, fue asesinado a causa de los enfrentamientos entre pobladores de Cochabamba y cocaleros, que habían tomado la Prefectura exigiendo la renuncia de del entonces gobernador Manfred Reyes Villa. Cristian murió por golpes de machete, y denominado "héroe de la democracia" y 14 años después de su pérdida no hay responsables.

Milena Soto no reprime las lágrimas cuando habla de las “injusticias” -así las define- que comete en su contra el gobierno del MAS. Lamenta no sólo la serie de infortunios familiares y personales que le causaron a ella, sino también las secuelas psicológicas que le provocaron a su único hijo de 14 años.

Soto, de 39 años, es considerada una de las líderes de la autodenominada RJC que enfrentó a los grupos del MAS tras la anulación de las elecciones de octubre de 2019 y a la que se le atribuyen actos vandálicos y “terroristas”, como los destrozos a la infraestructura de la Fiscalía General.

En la limpieza y el comercio

Milena asegura que nunca le tuvo miedo al trabajo. Cuenta que después del nacimiento de su hijo limpiaba domicilios particulares mientras estudiaba derecho en la Universidad de San Simón. Logró culminar la carrera, aunque no pudo titularse.

“Yo crié sola a mi hijo, nunca me casé y tampoco tuve el apoyo de su padre. Por eso trabajé en todo, incluso hice limpieza en casa de personas reconocidas de Cochabamba”, recuerda.

También trabajó en el comercio informal y eventualmente se desempeñó en un bufete de abogados realizando diligencias y trámites administrativos. En varias oportunidades intentó realizar pasantía en el juzgado y buscaba trabajo en alguna institución pública, pero dice que la rechazaban porque no contaba con el “aval del MAS”.

En 2016, su madre falleció de cáncer. Un año después partía su padre a causa de un infarto . Con la finalidad de pagar las deudas que contrajo por la enfermedad de su madre y tras la quiebra de su negocio, Milena planeaba migrar a Argentina en diciembre de 2019 para dedicarse a la venta de verduras en Buenos Aires, como muchos paisanos.

La resistencia

Pero sus planes se truncaron después de las elecciones generales de octubre de ese año, cuyo proceso y resultados, según cuenta, le indignaron .

“Yo tenía planeado irme a Argentina porque no tenía plata. Pero, algo sucedió. Siempre me gustó opinar de la política en las redes sobre las cosas que no me parecían bien. Yo sé lo que es tener hambre porque esa realidad la veía en las calles. Me privaba de un bocado para darle de comer a mi hijo, estaba en quiebra económica”, explica.

Había antecedentes que la movían. Milena recuerda con los conflictos de enero de 2007 que enfrentaron a los cochabambinos y acabaron con la vida de Cristian Urresti. Esos acontecimientos despertaron su “espíritu combativo”, como define.


Su padre también fue víctima de esos enfrentamientos, relata. “Ese fatídico enero había gente que estaba saliendo a la calle a protestar. Mi papá era una persona robusta, alta, de ojos claros y cabello blanco. Él salió a la puerta de la casa para ver lo que pasaba. De repente empieza a gritar para que le abriera la puerta y cuando le abro había una turba que lo estaba golpeando, eran como 200 personas. Pensaron que mi papá era cruceño de la media luna. Lo golpearon con cinturones y palos. Al intentar defenderlo también me golpearon a mí, entonces estaba embarazada de casi ocho meses”.

La multitud destrozó la verja y causó daños severos a su vivienda. A causa de la golpiza y la angustia que vivió, se anticipó el nacimiento de su hijo. “Yo viví en carne propia la injusticia. No nos gustaba el actuar del gobierno (del MAS), pero entonces no nos metíamos en nada”, afirma.

En las calles

Después de los resultados de las elecciones de 2019, que daban la victoria a Evo Morales tras la paralización del cómputo por horas, diferentes sectores y grupos de personas se movilizaron denunciando fraude electoral. La primera protesta en Cochabamba fue en el centro de cómputo del Tribunal Electoral Departamental (TED), instalado en la Feicobol, en la laguna Alalay.

El segundo día de protestas fue en las oficinas del TED, en la avenida Simón López. En esa movilización –que terminó en gasificaciones y detenciones- Milena participó activamente.

“La gente empieza a organizarse. Todos se comunicaban por WhatsApp y se hizo una red. ¿Quiénes éramos? Trabajadores, guardias de seguridad y deportistas fuimos los primeros que empezamos a bloquear. Éramos como 30 personas y de allí se fueron sumando más”, recuerda.

La plazuela de Cala Cala, a pocos metros del TED, se convirtió en el punto de bloqueo y “centro de operaciones” de este grupo.

Días después se registraron enfrentamientos en el Cruce Taquiña (camino al municipio de Tiquipaya), donde habían denunciado que un grupo de transportistas afines al MAS agredían físicamente a vecinos de la zona. “Todos corrimos a ayudar. Ahí fue el primer enfrentamiento (como grupo de amigos organizados). No queríamos que hubiera otro Cristian Urresti u otra mujer golpeada. No teníamos nombre ni uniforme, pero nos empezamos a caracterizar por las motos”, asegura Milena.


En medio de los conflictos nació la Resistencia Juvenil Cochala, cuyos miembros eran también conocidos como los “motoqueros”. La RJC empezó con 30 personas y creció hasta congregar a 3.000 miembros.

En los 21 días de pugnas entre bolivianos, la RJC cobró relevancia por su participación en las movilizaciones. Sus acciones fueron calificadas por algunos como excesivas porque usaban uniformes, armamento casero y aparentaban tener instrucción militar. Otros los apoyaban.

En la política

Durante el gobierno transitorio y tras la convocatoria a nuevas elecciones generales, la alianza Creemos, del cruceño Luis Fernando Camacho, postuló a Milena Soto como candidata a diputada. Sin embargo, ella renunció a esa candidatura para apoyar a Jeanine Añez.

“No teníamos intenciones de participar en la política ni continuar en la resistencia. Luego la población, incluso Camacho, nos pide que nos presentemos a elecciones. Se hace una reunión interna y se determina que yo vaya. Pero mi candidatura fue personal, no con la RJC”, afirma.

Milena asegura que su apoyo a Añez no fue por un escaño ni por un cargo, aunque entre julio y noviembre de 2020 trabajó como funcionaria en la oficina regional de Migración Cochabamba.

Luego de que el MAS ganó las elecciones generales con más de 50%, Milena está convencida de que inició una “persecución” contra los integrantes de la RJC.

El primero en ser procesado fue Yassir Molina y le siguió Marco Antonio Bascopé, ambos cumplen detención preventiva en Sucre acusados de los destrozos a la infraestructura de la Fiscalía General. Las investigaciones también recayeron en Soto.

El 3 de agosto, Milena fue aprehendida y trasladada a Sucre. Tras una audiencia se benefició con la detención preventiva. Dice que ya perdió la cuenta de todo el dinero que gastó en su proceso. Pese a que puede trabajar, asegura que no lo contratan por “ser quien es”.


Sostiene que su acusación está llena de vacíos legales e incongruencias porque los días (del 5 al 9 de noviembre de 2020) en que la Fiscalía fue atacada ella aún trabajaba en Migración. Denuncia que borraron los registros de su asistencia y no tomaron en cuenta las pruebas que presentó en su defensa.

Soto dice que tras la detención de Yassir, la RJC se desarticuló debido “a la persecución que el gobierno” inició contra los líderes de ese movimiento. Ahora teme hablar de la resistencia y que la acusen de rearticularla.

Esa persecución -reafirma- tuvo serias consecuencias en su grupo familiar, su integridad física, su salud y la de su hijo. En medio de lágrimas se declara víctima del partido oficialista.

“Es un acoso constante, una venganza. Nosotros defendimos la democracia, la integridad. Si hubiera sabido todas las consecuencias negativas que me trajo, lo hubiera pensado antes de unirme a la resistencia”, dice.

“Yo viví en carne propia la injusticia. No nos gustaba el actuar del gobierno, pero no nos metíamos en nada hasta el 2019, cuando ya fue mucho”.

“No queríamos que hubiera otro Cristian Urresti u otra mujer golpeada. No teníamos nombre ni uniforme , pero nos identificábamos por las motos”.