La semana comienza con el anuncio de tres demandas judiciales por los incidentes del 24 de septiembre. El ministro de Justicia Iván Lima señaló que, por una parte, existen vulneraciones por el agravio a la wiphala, uno de los símbolos patrios del país y, por otra —remarcó— hay acciones de racismo y discriminación que deben ser investigadas.
El ministro se refirió a una tercera causa que es “personalísima” del vicepresidente David Choquehuanca que, si bien está lista, se mantendrá congelada. “Es la decisión del vicepresidente que me ha pedido reflexionarlo para poder activar la acción penal”.
La senadora Centa Rek de Creemos, la alianza política que sostiene al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, señaló ayer que estas acciones forman parte de una estrategia para acentuar la persecución política. “Están buscando, sacar de donde sea los elementos para armar las persecuciones. Acusan de separatismo, pero son ellos los que lo están promoviendo” dijo.
Los incidentes del 24 de septiembre, cuando se celebró el acto central, estallaron luego de varios días de tensión, marcados por discursos de las autoridades nacionales sobre la crisis política de 2019. En la inauguración de la Expocruz 2021, el presidente Luis Arce mencionó esos hechos desde la perspectiva del “golpe de Estado”. Choquehuanca hizo lo mismo en la sesión de honor del Concejo Municipal de Santa Cruz.
El 24 de septiembre, el gobernador Luis Fernando Camacho cerró el acto central sin ceder la palabra al vicepresidente Choquehuanca, quien en ese momento estaba en ejercicio de la Presidencia.
Además, un grupo de dirigentes cívicos bajaron del mástil la wiphala que había sido izada previamente por el Vicepresidente, quien tuvo que dejar la plaza en medio de gritos en su contra y a su favor. Tras ello, otros ciudadanos fueron echados de la Plaza 24 de septiembre y se registraron imágenes en las que el presidente del Comité Cívico, Rómulo Calvo, da la espalda a asambleístas del MAS cuando éstos pasaron para saludar a las autoridades.
A raíz de estos sucesos, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, había adelantado, tal como lo confirmó Lima ayer, que se iban a presentar las querellas este lunes.
El ministro manifestó que lo ocurrido el viernes es “grave” porque consideró que Camacho instigó y pudo tener “responsabilidad” en esos sucesos. También indicó que Calvo puede ser procesado por alentar actos racistas .
“De cruceña a cruceño, le pregunto a Del Castillo si también va a denunciar los hechos de los avasallamientos en la Chiquitania, las quemas ilegales de nuestros bosques o los hechos de violencia contra nuestros indígenas”, señaló ayer la diputada Luisa Nayar de Comunidad Ciudadana.
Desde Achacachi, la sede de los Ponchos Rojos, el presidente Luis Arce condenó los incidentes y reivindicó la wiphala. Anticipó que ese símbolo será desagraviada “y se buscará justicia para que no se repita nunca más”.
La Unión Juvenil Cruceñista, a través de un comunicado, señaló que la wiphala fue recuperada y se la entregó a un oficial militar.
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