La Comisión Mixta de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprobó este miércoles el juicio de responsabilidades en contra del exministro Alfredo Rada por el delito de genocidio durante los luctuosos hechos de La Calancha el año 2007, en Sucre, confirmó la senadora Patricia Arce.
Pasadas las 13:00 de este miércoles, la parlamentaria ratificó al Diario de la Capital, mediante un mensaje, que se había tomado esa determinación.
“Hemos aprobado los tres juicios de responsabilidades que teníamos pendientes desde el 2004, son los casos de Alfredo Rada, exministro de Gobierno, por genocidio en su forma sangrienta y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes; también el de Gonzalo Sánchez de Lozada, por resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica en el caso de Fondesif; y el caso de Quiborax del señor Carlos Mesa, por resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, tipificada en los artículos 153, 154 y 224 del Código Penal”, detalló más temprano la presidenta de la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Senadores, según reflejó El Deber.
La senadora Arce dijo que con esto ya no quedan casos pendientes de las anteriores gestiones, por lo que serán remitidos al presidente de la Asamblea Legislativa, el vicepresidente David Choquehuanca, para su tratamiento en el pleno.
“Lo que corresponde es remitírselo al Presidente Nato de la ALP, al hermano David Choquehuanca, él fijará día y hora para poder tratarlo en la plenaria de la Asamblea”, complementó.
La noticia se da después de que el pasado 20 de agosto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) notificó que había declarado admisible la demanda por las muertes de La Calancha.
“En el presente caso, y luego de considerar los procesos judiciales internos como un todo, desde la perspectiva del análisis del agotamiento de los recursos internos, la CIDH observa que a pesar de que han pasado cerca de catorce años desde que ocurrieron los hechos denunciados, las ejecuciones de los señores Gonzalo Durán, José Luis Cardozo y Juan Carlos Serrudo se encuentran, 'prima facie' (a primera vista), sin ser debidamente investigadas y sancionadas, a la espera que la Cámara de Senadores autorice el juzgamiento. En razón a ello, la Comisión considera que resulta aplicable el artículo 46.2.c) de la Convención Americana”, reza en uno de los puntos del documento.
Días después, la OEA le consultó al Gobierno si accedería a una solución amistosa, a lo que el ministro de Justicia, Iván Lima, señaló días después de que esta no tenía que darse necesariamente y que estaban preparando su respuesta.
La Calancha
En noviembre de 2007, la represión de la Policía a la población civil, que reclamaba a la Asamblea Constituyente tratar el tema de la capitalidad plena para Sucre, terminó en la muerte por impacto de bala de Gonzalo Durán, el 24, justamente en la zona de La Calancha. Después, en otros hechos y puntos de la ciudad, perdieron la vida Juan Carlos Serrudo, el 25; y José Luis el 26. Hubo más de 400 heridos.
A consecuencia de estas muertes, la Fiscalía General del Estado presentó un requerimiento acusatorio en contra de las entonces autoridades: ministro de Gobierno, Alfredo Rada; los jefes policiales nacionales Miguel Vásquez y Jorge Espinoza, y comandante departamental de la Policía de Chuquisaca, José Galván. Excluyó del caso al entonces presidente Evo Morales.
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