El modus operandi es idéntico. Un periódico de nombre, una universidad de prestigio, algún “think tank” en escena, un par de presuntos expertos con un modelo estadístico “imbatible” para “probar” que la elección del 20 de octubre en Bolivia fue “legítima”. En el camino se organiza el coro de repetidores bolivarianos con un ataque furibundo contra la OEA y Luis Almagro.
La estrategia es demasiado obvia. Primero fue el Washington Post con investigadores asociados a MIT pero contratados por el “Center for Economic and Policy Research”, conocidos propagandista del chavismo. Ebrard, Zapatero, Fernández, entre otros, y por supuesto Evo Morales, salieron raudos a denunciar el “golpe de la OEA” basándose en “el estudio de MIT”; estudio del cual la universidad se desvinculó prontamente.
Ahora fue el turno del New York Times con individuos asociados a las Universidades de Pennsylvania y Tulane. Tratándose de la “Harvard del Sur”, pues ahora no podría salir mal. Rápidamente acudieron a respaldar el nuevo modelo estadístico el Grupo de Puebla con Ernesto Samper y Evo Morales como voceros fustigando a la OEA, como era de esperar, y publicando solicitadas en periódicos bolivianos pidiendo el retorno de Morales a la presidencia.
Curiosamente, uno de los “estadísticos” de Tulane fue Francisco Rodríguez, trader de bonos de deuda de PDVSA y asesor económico del entonces candidato Henri Falcón, quien aceptó la victoria de Maduro en la elección de mayo de 2018 en un intento por legitimar al régimen. Es decir, el experto de Tulane ya reconoció en 2018 un fraude denunciado por 60 democracias alrededor del planeta. De ahí que tal vez no sea el más competente, ni el más independiente, a efectos de evaluar objetivamente las condiciones necesarias para la transparencia electoral.
Demasiadas coincidencias como para creer en ellas, pues rara vez ocurren en política y mucho menos cuando el chavismo es parte de la operación. Algunos coros son espontáneos pero los buenos requieren ensayos. Lo desafortunado es que ambos periódicos y sus expertos eluden contar la historia completa de Evo Morales, no puede ser accidental. Además de modelos estadísticos siempre se aconseja la reconstrucción histórica para entender el contexto y su significado, aquí les ayudo en la tarea.
Evo Morales llegó a la presidencia en 2006 por un período sin reelección. En febrero de 2009 consiguió que se promulgara una nueva constitución con cláusula de reelección inmediata por un segundo período. Una disposición transitoria en el nuevo texto especificaba que el período anterior—bajo la previa constitución—se tomaría en cuenta.
Fue así reelecto en diciembre de aquel año para cumplir un último período. No obstante, en 2013 se postuló a un tercer mandato, siendo habilitado por el Tribunal Constitucional. La justificación fue que anteriormente había sido presidente de “otro” Estado. Es que la nueva constitución consagra el Estado “Plurinacional” Boliviano. Una alquimia que también fue fraude pero peor, de tipo constitucional. Así fue reelecto en 2014.
Tampoco fue suficiente para sus ilusiones despóticas. Al concluir el primer año de su tercer gobierno, abrió un proceso de reforma del artículo 168 de la constitución, el cual limita la reelección. Ello incluyó un referéndum el 21 de febrero de 2016 acerca de una nueva reelección. El “no” fue vencedor de la consulta, siendo la misma de carácter vinculante y de vigencia inmediata y obligatoria de acuerdo a la ley.
No para Evo Morales, quien ahora desconoció la voluntad popular. A continuación el Tribunal Constitucional dio entrada oficial a una demanda del gobierno por la inconstitucionalidad de cuatro artículos de la constitución, incluyendo el que se invocó para llevar a cabo el referéndum. Ello con el argumento que limitar la reelección es violatorio del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en lo relativo a los derechos a elegir y ser elegido. Otra alquimia, la eternización en el poder como derecho humano.
Resbaladiza pendiente la del Washington Post y el New York Times apuntalando los despropósitos de Morales y sus aliados chavistas. Incoherentes, por decir lo menos, con dicha lógica deberían iniciar una propuesta de anulación de la Enmienda 22 de la Constitución de Estados Unidos, la cual limita a dos los mandatos para el ejercicio de la Presidencia. Todos saben porqué no es esa una idea que les apetezca hoy, más allá de ser indefendible desde el punto de vista constitucional.
El “excursus” para entender cómo llegamos al fraude del 20 de octubre, el cual no debería sorprender ni deberían apoyar pues cabalga sobre previos desconocimientos flagrantes de la Constitución y de la soberanía del voto. Los estadísticos citados por el New York Times deberían, en cambio, conocer un axioma de la disciplina: un modelo estadístico es tan bueno como confiable sea la información que el mismo procesa.
Ignoran que la evaluación temprana de la OEA se basó no en uno, no en dos, sino en tres conteos rápidos independientes—instrumento fundamental de la observación electoral—que coincidían en un escenario de segunda vuelta. Luego 6% de los resultados fueron deliberadamente ocultados por una inexplicable, e inexplicada, suspensión de los cómputos y un supuesto desperfecto del servidor oficial.
Sin embargo, los “expertos” de Tulane y Penn se basaron en los datos del Tribunal Electoral oficialista y los tomaron por buenos para sus cálculos. O sea, también actuaron como certificadores del Tribunal Electoral, instrumento al servicio de Evo Morales. Con ello ignoran otra máxima de la estadística: con datos falsos no es posible arribar a conclusiones válidas.
El informe de la auditoría de la OEA, en contraste, tomó en cuenta la falsificación de actas, un corte de energía que interrumpió el conteo por 23 horas, la existencia de servidores ocultos que ingresaban votos en el sistema sin respaldo, fraude en los votos de bolivianos residentes en Argentina, distritos que reportaban participación del 100% con 90% de votos para el oficialismo, fallas en la cadena de custodia, denuncias, presiones y renuncias entre los miembros del Tribunal Electoral, entre otras irregularidades.
Pongámoslo así, y a ver si terminan con la historia de Bolivia. Los resultados van llegando y los mismos indican segunda vuelta. Repentinamente, el servidor deja de funcionar. Al repararse el “desperfecto”—¡23 horas más tarde!—ya no hay segunda vuelta. Frente a las anomalías renuncia inmediatamente el vicepresidente del Tribunal Electoral. En cualquier democracia del mundo, y para cualquier experto electoral serio, competente y honesto, esa elección ya no es válida.
Debe repetirse y punto. Dado el manejo doloso de la información y la total falta de integridad del proceso electoral, la OEA concluyó que era imposible conocer el resultado final y que, por ende, la elección debía volver a realizarse bajo otras condiciones.
La Unión Europea, también con observadores en Bolivia, formuló similares recomendaciones en su informe. Apoyó la evaluación de la OEA entonces y ratificó dicho apoyo en ocasión del reciente articulo del Times, según informa el medio boliviano El Deber. El coro de repetidores bolivarianos no acusó de golpista a la Unión Europea en aquel momento ni ahora. En esto tampoco hay casualidades.
La evidencia de fraude precipitó la crisis política entonces. No hubo golpe ni presión alguna. Solo hubo una movilización popular que incluyó a organizaciones campesinas, el movimiento indígena y la históricamente combativa Central Obrera Boliviana. El sindicato de trabajadores mineros, nada menos, imploró ante el fraude: “la renuncia es inevitable, compañero Presidente”.
Evo Morales perdió su base natural, es que había dejado el tantas veces declamado código de honor en el camino: “Ama Sua, Ama Llulla, Ama Quella”; no seas ladrón, no seas mentiroso, no seas flojo. Mintió el resultado y se robaba una elección; renunció el 10 de noviembre y abandonó Bolivia al día siguiente en un avión del gobierno mexicano.
El día 14 la Alta Representante Federica Mogherini se dirigió al Parlamento Europeo en sesión especial sobre la crisis boliviana: “El gobierno de Bolivia invitó a la OEA a realizar una auditoría electoral [posterior al informe de observación], aceptando que sus resultados serán vinculantes. Dicha auditoría fue apoyada por los Estados miembro de la Unión Europea con expertos y ayuda financiera. Habiendo identificado un número de irregularidades, los resultados deben ser anulados y deben llevarse a cabo nuevas elecciones lo antes posible”.
Para continuar, “de acuerdo a la Constitución y dada la ausencia y renuncia del Presidente y el Primer Vicepresidente, la Segunda Vicepresidente debe ser la próxima en la línea de sucesión asumiendo la presidencia en carácter provisional hasta las nuevas elecciones”. O sea, ¿debemos inferir que Federica Mogherini también ha sido parte del golpe en cuestión?
En los días subsiguientes el involucramiento europeo fue fundamental en el armado del gobierno de transición y el llamado a nuevas elecciones. El Embajador de la UE en Bolivia, León de la Torre, llegó a reconocer que “dormía en el Congreso” ayudando a acercar posiciones. Ello dio frutos con la ley de convocatoria a elecciones votada unánimemente—incluyendo la bancada del MAS, partido de Evo Morales—y promulgada el 24 de noviembre.
Dicha ley anula la elección del 20 de octubre, destituye vocales fraudulentos, establece el procedimiento para nombrar nuevos vocales en el Tribunal Electoral y sanciona la validez del referéndum del 21 de febrero de 2016. Es decir, legisla acerca de la naturaleza inconstitucional de la candidatura de Evo Morales en las elecciones del 20 de octubre. El fraude fue anterior a 2019, votando dicha ley el propio MAS lo ratifica y le pone punto final a la carrera política de Evo Morales.
Queda por explicar entonces la insistencia de medios estadounidenses de prestigio con una causa perdida y terminada, arriesgando su reputación al prestarle el nombre a bolivarianos, castro-chavistas y el Grupo de Puebla, y dándole el podio a quienes no tienen credibilidad alguna para emitir opiniones políticas. Ernesto Samper, que no es el único, ilustra el punto acabadamente.
En realidad Bolivia no les importa, es tan solo un ejercicio para medir fuerzas. Detrás de Evo viene Maduro, el cordón sanitario de La Habana y la interminable disputa por levantar sanciones, necesario para apreciar el papel de deuda venezolana y para que los corruptos puedan acceder a sus activos mal habidos. En el camino, también van contra la OEA, cuyo Secretario General fue reelecto en marzo pasado con el apoyo de la Administración Trump. Insisto, por algo no dicen que el supuesto golpe de la OEA en todo caso tuvo a la Unión Europea como cómplice.
El problema es que derrotar a Trump en noviembre—aspiración legítima en cualquier democracia en tanto conforma con la letra y el calendario constitucional—parece ser un objetivo a realizar a cualquier precio, a cualquier costo. Ello incluye compartir el micrófono y la agenda con lo peor de América Latina, lo más autoritario, corrupto y criminal. Y eso ya se ve menos legítimo, tiene toda la apariencia de un verdadero pacto fáustico.
0 Comentarios