El Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) Bolivia reveló que 7 de 10 personas que perdieron la vida el 15 de noviembre de 2019, en medio de los hechos luctuosos en Huayllani, Sacaba, recibieron impactos de rifles y de municiones de alta velocidad.

El informe del equipo concluyó, sobre lo que denomina como “masacre”, que las “siete víctimas presentaban orificios de entrada y salida de proyectil de arma de fuego, lo que es indicativo de disparos con rifles y munición de alta velocidad”. Además, todos los manifestantes que cayeron ese día fallecieron como producto de impactos de armas de fuego de distinto calibre. En Senkata, el 19 de noviembre hubo 10 bajas. Del mismo modo que en Sacaba, los decesos se dieron por arma de fuego.

Los especialistas dieron a conocer que las lesiones en los de Huayllani fueron coincidentes, pues se produjeron en zonas comprometedoras como el abdomen, el tórax y la cabeza. “Solamente dos víctimas fueron alcanzadas por balas que penetraron de atrás para adelante, lo que contradice la declaración del ministro de Defensa en la fecha del 16 de noviembre de 2019. Un disparo por detrás puede ocurrir cuando la víctima intentaba huir”.

Luego de nueve meses de investigaciones, el GIEI advirtió que solo consiguió recuperar una bala calibre 5.56 x 45 milímetros y dos fragmentos de otro proyectil, mientras que en el resto de los casos (que son ocho, de acuerdo con las causas que considera el equipo) no hubo éxito en la recuperación porque todos los cadáveres presentaban orificio de ingreso y salida. Este es un indicador que toman en cuenta los expertos para asegurar que las fuerzas del orden habrían usado municiones de alta velocidad.

CÓMO MURIERON

El 100% de los que perdieron la vida tras movilizarse el 15 de noviembre de 2019 fue alcanzado por balas. Emilio Colque, Omar Calle, Juan López, César Sipe, Lucas Sánchez, Armando Caraballo, Roberto Sejas, Plácido Rojas; Marco Vargas y Julio Pinto son las víctimas.

Calle, de 26 años, dejó un niño huérfano que tenía 6. Era parte del Sindicato San Luis de la Central Ibuelo y había decidido ir a protestar. Sufrió una “fractura multifragmentaria, laceración de diafragma, herida penetrante en pared muscular cardíaca de ventrículo derecho”, que le generó una hemorragia interna masiva. Sipe era un universitario de 18 que pausó sus estudios para trabajar. Recibió una bala en el abdomen que le causó shock hemorrágico, laceración de órganos y traumatismo abdominal penetrante.

Caraballo (25) era un campesino padre de dos niños oriundo de Yungas Chapare. La autopsia reveló lesiones en el tórax, producto de un arma de fuego. Su defunción indicó shock hemorrágico, laceración y lesiones graves en los pulmones. Colque (21) era sindicalista y estudiaba turismo. Una bala le atravesó el tórax y le destrozó el pulmón izquierdo. Tuvo laceración de órganos vitales.

Vargas (31) procedía del Trópico. Recibió un disparo que le atravesó la cabeza. El GIEI confirmó que el proyectil tuvo orificio de entrada y de salida, desde adelante hacia atrás. El disparo le destrozó parte de la cara y el cerebro. El informe recuerda que en el momento de la autopsia, le extrajeron esquirlas.

Sejas (28), papá de un niño de 10, también fue impactado con un arma de fuego en la cabeza. Su cráneo padeció fractura multifragmentaria y su masa encefálica sufrió laceración. López (34) era un sindicalista nacido en Eterazama, Trópico. Un proyectil de arma de fuego fue directo a su tórax y siguió su curso. Su cuerpo presentó lesiones en la aorta, el pulmón derecho y graves daños en sus órganos vitales a la altura torácica.

También Sánchez (43) provenía del Chapare. Era el sustento de cuatro hijos y formaba parte de la Central Independiente de la Federación del Trópico. Un impacto de arma de fuego acabó con su vida y le provocó un traumatismo cráneo-facial. La munición entró y salió de su organismo. Le estalló el ojo derecho, presentó laceración encefálica y una fractura en la nariz.

Rojas apenas tenía 18 años cuando decidió acompañar la manifestación en Huayllani. Producto de un proyectil de arma de fuego, sufrió un traumatismo torácico abdominal. La munición halló salida por la región lateral del tórax. La autopsia dio cuenta de que su hígado fue lacerado.

Pinto guardaba relación con el Sindicato 2 de Junio de la Central Independiente. Tenía 51 años cuando fue gravemente herido el día luctuoso del 15 de noviembre, pero no pereció en el acto. Estuvo luchando por su vida en unidad de terapia intensiva llevando en su cabeza una bala. Resistió siete meses y perdió la batalla el 11 de junio del año pasado. Una bala le produjo traumatismo cráneo encefálico abierto.

PROTOCOLOS EN AUTOPSIAS

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que acompañó el trabajo del GIEI, halló deficiencias en la mayoría de los protocolos de las autopsias en Montero, Betanzos, Yapacaní, avenida Petrolera, La Paz y también en el deceso de un sargento en El Alto.

En cuanto a este último, informó que el uniformado Juan José Alcón, víctima de golpes el 11 d noviembre de 2019 cuando una muchedumbre atacó el Comando Regional de El Alto, relató que se encerró y se vio obligado a salir frente a la presión. Le hicieron besar la wiphala. Fue atendido en un nosocomio, pero pereció cuatro días después. Su deceso se debió a una “insuficiencia respiratoria aguda, tromboembolismo pulmonar masivo, infarto agudo de miocardio y anoxia cerebral”. El EAAF identificó falencias en el protocolo de la autopsia, pues “las tomas fotográficas carecen de escala de referencia métrica e identificativa del caso y los hallazgos descritos en el texto del informe no se correlacionan con las imágenes”, entre otras cosas.

Mario Salvatierra y Marcelo Terrazas, fallecidos en los conflictos del 30 de octubre de 2019 en Montero, fueron baleados. “Las autopsias realizadas a las dos víctimas fatales no fueron diligentes. Dichos documentos no contienen información, o esta es insuficiente (…)”.

El informe también halló debilidades en la autopsia de Julio Llanos, muerto a los 81 años el 28 de noviembre de 2019, en La Paz, cuando campesinos y minero se movilizaban en octubre. Dos personas lo habrían golpeado. Murió a causa de una lesión de centros encefálicos superiores y traumatismo cráneo encefálico. El GIEI indicó: “El EAAF identificó deficiencias en el protocolo, el cual no indica detalles de los hechos, ni se refiere información clínica en relación con las actuaciones médicas llevadas a cabo previamente. Asimismo, el EAAF destacó que, a pesar de tratarse de una muerte de etiología violenta, que exigió la práctica de la autopsia médico legal, se llevaron a cabo maniobras de formolización, con la consiguiente alteración de órganos y tejidos que ello supone”. Esas son algunas de las observaciones del equipo internacional.