El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) identifica como el origen de la crisis política y social en Bolivia, el incumplimiento a los resultados de referéndum del 21 de febrero del 2016. En esa consulta el 51,3% de los electores negó la posibilidad al expresidente Evo Morales de una tercera reelección continua.

“Pese a que con anterioridad a la convocatoria del referendo, el presidente (Evo) Morales había señalado que en caso de perderlo aceptaría los resultados, e inmediatamente después de conocidos estos, había reafirmado que los respetaría, en septiembre de 2017, senadores y diputados del partido de Gobierno presentaron una acción de inconstitucionalidad abstracta contra preceptos de la ley del régimen electoral”, detalla un fragmento del Capítulo 2, denominado contexto y desarrollo de la crisis.

El escrito detalla que “apenas dos meses después de presentada la acción” abstracta de inconstitucionalidad, por legisladores del Movimiento al Socialismo (MAS), el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) dio curso al recurso con el argumento de que el artículo 23 del Pacto de San José de Costa Rica establece que la reelección presidencial indefinida es un derecho humano.

La GIEI especifica que este fallo provocó que las clases política de oposición y las plataformas ciudadanas cuestionen la determinación del TCP. Además conllevó a que activistas realicen manifestaciones para que se respete la voluntad popular del referendo constitucional.

“La decisión del Tribunal Constitucional generó intensas reacciones sociales y políticas. Tanto los expresidentes Carlos Mesa y Jorge Quiroga como el exvicepresidente Víctor Hugo Cárdenas criticaron el fallo del Tribunal y el desconocimiento de los resultados del referendo constitucional. Por su parte, en los siguientes meses, diversos movimientos sociales promovieron marchas para expresar su oposición a la reelección indefinida y llamar al respeto de los resultados del referendo constitucional del 21 de febrero”, enfatiza parte del informe.

La semana pasada, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en su oposición consultiva, determina que la reelección presidencial indefinida no es un derecho humano. Además sugiere limitar la repostulación de gobernantes, porque los periodos largos presidenciales afectan a la democracia.

Evo subestimó las movilizaciones

El documento elaborado por el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señala que una vez que Morales fue habilitado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), se realizaron medidas de presión en contra de la reelección. Entre estas: huelgas de hambre de activistas, marchas e incluso la quema de instalaciones electorales en Santa Cruz.

“Estas manifestaciones de oposición a la reelección fueron desestimadas por el Gobierno en varias ocasiones. En un discurso en la zona cocalera del Chapare, el presidente Morales afirmó que se trataba de “manifestantes que no sabían realizar marchas”, e incluso se ofreció a enseñarles cómo se organizan ese tipo de movilizaciones de presión social”, explica el folio.

A su vez, Morales tildó a estos sectores como “alfombras de la derecha”. También manifestó que el TSE solo debía cumplir con el fallo del TCP, el cual le permitía ser candidato a las elecciones del 2019.