El abogado constitucionalista William Bascopé aseveró que el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentado el martes puso en evidencia la vergüenza de Órgano Judicial y Fiscalía con que cuenta Bolivia, que incumple procedimientos adecuados para investigar y administrar justicia.
“El punto que sí es vergonzoso es la falta de independencia del Poder Judicial, su anacronismo y dependencia política y la falta de acción de la fiscalía, somos una vergüenza en el continente americano por tener ese Poder Judicial y esa Fiscalía”, dijo el jurista a radio Panamericana.
El GIEI presentó su informe final sobre los hechos acontecidos durante los últimos cuatro meses de 2019 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y al Estado boliviano, con una serie de recomendaciones como la reforma a la justicia y el resarcimiento de daños a las víctimas de las víctimas de la violencia.
Bascopé remarcó, según el informe del GIEI, que “no existen lamentablemente los procedimientos adecuados para investigar estos casos y se administre de manera adecuada la justicia, el debido proceso”. Refirió que la diligencia para poder llevar adelante las investigaciones no son las más adecuadas, por lo que se tiene que comprometer el poder político a tener que “cambiar profundamente esta estructura de poder”.
“Yo veo que el actual Poder Judicial no nos sirve de nada, en conclusión, para mí, por lo menos, tendrían que irse a su casa y renunciar toditos los jerarcas del Poder Judicial y también el fiscal general (Juan Lanchipa), porque si dice un grupo de expertos que no sirve en absoluto (la justicia), que no garantiza la independencia ni la administración de justicia, es pues una verdadera vergüenza”, apuntó.
El GIEI identificó en su informe que existe una “excesiva injerencia” del Órgano Ejecutivo en la administración de justicia y pidió el cambio de autoridades en los procesos judiciales. Dijo que, si bien los casos referidos en el informe acontecieron durante el periodo objeto de su mandato, “las falencias identificadas son un problema estructural” en Bolivia.
Bascopé destacó, además, en el informe del GIEI, la urgente necesidad de revisar la legislación penal respecto a los tipos penales ambiguos de sedición, incumplimiento de deberes, terrorismo.
“Con esos tipos penales se está lacerando, investigando y persiguiendo a muchos de la oposición, especialmente a (la expresidenta) Jeanine Añez, entonces nos están diciendo que no tenemos las garantías suficientes y la confrontación civil, política e ideológica va a continuar de seguir manteniéndose esta legislación ambigua, este poder judicial manoseado, inclinado al poder político”, dijo.
Bolivia y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) firmaron un Acuerdo para apoyar la investigación de los actos de violencia entre el 1 de septiembre y 31 de diciembre. El acuerdo se suscribió el 12 de diciembre de 2019.
El GIEI Bolivia fue integrado por cinco personas expertas de alto nivel técnico profesional y reconocida trayectoria en la protección de los derechos humanos: Juan Méndez, Julián Burger, Magdalena Correa, Marlon Weichert y Patricia Tappatá.
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