El cierre del caso fraude provoca la reacción de las diferentes plataformas ciudadanas del país que anunciaron movilizaciones desde mañana, de manera escalonada, en siete regiones. También piden la renuncia del fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, reclaman por el tema tierras y piden que se pare la “persecución política”.

Desde el Movimiento Al Socialismo (MAS) advierten que actuarán con “mano firme” y ven un intento de reavivar el regionalismo. A su vez, un diputado del partido oficialista arremetió contra el gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, y lo llamó “pequeño matoncito”.


En la semana de las fiestas patrias por el aniversario de la independencia del país se reactivan las protestas.

El Comité de Defensa de la Democracia (Conade) emitió una convocatoria para movilizarse el 5 de agosto en las regiones de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz utilizando los símbolos patrios y portando las medidas de bioseguridad. Instó a las organizaciones ciudadanas de otras regiones bolivianas como fuera del país a que se organicen para realizar otras movilizaciones ese día, según el documento de la convocatoria.

De la misma manera, la plataforma ciudadana del 21F, llamada así por el referéndum realizado el 21 de febrero de 2016 que rechazó la posibilidad al expresidente Evo Morales a que participara en los comicios de 2019 a los que finalmente se presentó avalado por una resolución del Tribunal Constitucional, también llamaron a movilizarse.

Convocaron a protestar de manera pacífica el próximo 5 y 6 de agosto, en la que ondearán banderas bolivianas mostrando su inconformidad por la decisión fiscal y también exigirán que se pare la "persecución política".

Los activistas Guillermo Paz e Iván Melendrez afirmaron que la movilización fue decidida en reunión con plataformas de Tarija, Oruro, La Paz, Potosí y Sucre.

El lunes en la noche, la Asamblea de la Cruceñidad, en Santa Cruz, determinó apoyar las movilizaciones "contra el intento de imponer la mentira del 'golpe de Estado'". También se concluyó que el Comité Pro Santa Cruz realice "todas las acciones necesarias" para que el "fraude electoral de 2019 sea castigado y que los culpables sean procesados".

Por otro lado, anunciaron que desde el 9 de agosto habrá bloqueos por la “dotación ilegal” de tierras a los interculturales.

REACCIONES

La pasada semana la Central Obrera Boliviana (COB) se declaró "en emergencia" e indicó que defenderá al Gobierno de Luis Arce, ante la inconformidad de varios sectores del país con la decisión de la Fiscalía.

El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, ve una “abierta confrontación” y asegura que actuará con “mano firme” si se cometen excesos o ilícitos.

Para el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, según ABI, con la excusa del tema fraude y tierras, Camacho y cívicos de Santa Cruz pretenden reavivar el regionalismo en Bolivia.

Recordó que el regionalismo, en su momento promovido por los cívicos de la media luna, hizo bastante daño a los bolivianos y que ahora pretenden hacer lo mismo Camacho y el cívico Rómulo Calvo.

Por otro lado, en medio de la tensión por el tema de tierras, el diputado cruceño del MAS Daniel Rojas calificó de “pequeño matoncito” a Camacho por querer “desestabilizar Bolivia” y le advirtió con iniciarle un proceso penal en caso de que cumpla su anuncio de instalar una reunión de la Comisión Agraria Departamental (CAD) en oficinas del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) en Santa Cruz.

“Quiere ahí iniciar, cómo está acostumbrado, el matonaje este caballero. Recordar a Luis Fernando Camacho que ‘papi ya no está más en Bolivia, está en Estados Unidos, así que no hay quién vaya negociar con militares y policías’”, expresó.

Su colega del mismo partido, Héctor Arce, advirtió que todas las acciones políticas que son impulsadas por Camacho y los cívicos cruceños tienen el objetivo de desestabilizar al Gobierno nacional y generar convulsión social.