La grave crisis de salud provocada por la pandemia que, ni el gobierno de Jeanine Añez ni el de Luis Arce, han manejado con responsabilidad y transparencia; la estrategia gubernamental para intentar posicionar la mentira de un falso “golpe de Estado” que justifique la persecución política y; la evidencia de los graves hechos de corrupción cometidos por el ex Ministro Arturo Murillo que han causado indignación en la ciudadanía, demandan de Comunidad Ciudadana una posición clara y sustentada en la verdad.

La verdad es que en 2019, el MAS y Evo Morales perpetraron un gigantesco fraude electoral que impidió el triunfo de Comunidad Ciudadana al bloquear la segunda vuelta. Luchamos durante casi dos años, con claridad de discurso y valentía por una propuesta democrática que destierre el autoritarismo envilecido a lo largo de 14 años. En 2020 el resultado electoral nos exime de mayor comentario. Los votantes entendieron que Comunidad Ciudadana era la única opción para enfrentar al masismo, pero a pesar de nuestro éxito en 2019, un sector de la oposición dividió el voto e hizo posible el retorno del MAS al gobierno.

La verdad es que hoy el MAS, aprovechando el caso del exministro Murillo, trata -como siempre- de confundir y tergiversar. Sobre todo intenta meter en ese lodazal no sólo a toda la oposición política, sino a la mitad del país que en 21 días heroicos reivindicó los valores de la democracia, la separación de poderes, el triunfo popular del 21F y condenó el fraude electoral.

La verdad es que el gobierno de Jeanine Añez ha perdido legitimidad con el citado escándalo y el caso respiradores, pero esa evidencia no resta un milímetro la legalidad de su origen. La corrupción, como lo prueba la cantidad innumerable de hechos similares en el gobierno de Morales que costaron al país muchos millones de dólares, no transforma un gobierno constitucional en un gobierno golpista.

La verdad es que todos los actores políticos jugamos un rol en los sucesos de 2019, rol que la ciudadanía conoce y no se puede distorsionar:

  • El autor del fraude, el gobierno del MAS presidido por Evo Morales y quienes fueron sus operadores, es responsable de intentar interrumpir el orden constitucional y democrático al manipular el voto popular.
  • La Iglesia Católica, la Unión Europea y el Gobierno de España, promotores de un diálogo que reunió a los actores políticos, al CONADE y al movimiento cívico cruceño, son responsables de analizar salidas constitucionales que permitan recuperar la paz, a través de iniciativas de consenso que propongan respuestas al vacío de poder generado intencionalmente por el expresidente Morales.
  • Quienes militamos en la democracia, somos responsables de respaldar el cumplimiento de la Constitución y promover que se respetara en forma y fondo la sucesión constitucional.
  • Quienes fueron parte de ese gobierno y colocaron representantes en el gabinete y en las instituciones públicas, son responsables de esa gestión y de sus consecuencias.
Valiéndose de su control sobre el sistema judicial servil al gobierno y para eludir su autoría en el fraude de 2019, el MAS lleva adelante persecución política, acoso y mentiras contra quienes respetamos la Constitución y apoyamos la transición constitucional, contra los partidos opositores, los movimientos ciudadanos, la Iglesia Catolica y la Unión Europea. Dicha acción es inaceptable y ha sido condenada en el ámbito internacional.

En este contexto, el oficialismo está reactivando juicios de responsabilidades de anteriores gestiones. Ante esa acción, Comunidad Ciudadana ratifica el compromiso de viabilizar los juicios que estén adecuadamente fundamentados, sin dejar de lado la exigencia de que se garantice el debido proceso y que se realicen respetando la independencia y transparencia en la administración de justicia. No respaldaremos juicios que tengan como sustento la mentira de un inexistente “golpe de Estado”, o que pretendan criminalizar la sucesión constitucional que derivó en la presidencia transitoria. Además, presentaremos un proyecto de Ley que sea consensuado, para garantizar que en 2023 el país vaya a una votación que renueve el Órgano Judicial con candidatos que emerjan de una selección previa de postulantes idóneos, independientes y honestos.

Finalmente, reiteramos nuestra solidaridad con la ciudadanía, que no está hoy preocupada por la guerra política, sino por su vida y por la irresponsabilidad con la que se maneja la pandemia. La gente está preocupada por una situación económica que empeora día a día y para la que el Ejecutivo no tiene respuestas ni claras ni coherentes. Estos dos temas son la verdadera prioridad para Bolivia, cuya respuesta le toca al actual gobierno, paralizado y sin otra idea que seguir en la vieja lógica de manipular la verdad y desviar la atención para evadir sus verdaderas responsabilidades y obligaciones.