Comunidad Ciudadana (CC) presentó este martes ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) una acción de inconstitucionalidad abstracta contra la supresión de la carrera administrativa y dos normas de la Ley del Presupuesto General del Estado que vulnerarían derechos de los trabajadores y la Constitución Política del Estado (CPE) informaron los diputados Carlos Alarcón y Marcelo Pedrazas.

“La eliminación de la carrera administrativa es la toma de asalto que hace el MAS (Movimiento Al Socialismo) al Estado, a la gestión pública, y como trofeo de guerra, elimina la carrera administrativa vulnerando derechos constitucionales básicos y el derechos al trabajo estable, con el propósito de que no exista ningún funcionario que pueda mantenerse en la carrera administrativa al margen de la arbitrariedad de abuso y de la prepotencia del MAS”, denunció Alarcón sobre la acción de inconstitucionalidad presentada ante el TCP.

Añadió que la séptima disposición, parágrafo II de la Ley del Presupuesto General del Estado, indica que los servidores públicos que formen parte de la carrera administrativa o que se encuentren tramitando el acceso a la misma bajo el régimen de la Ley N° 2027 de 27 de octubre de 1999, Estatuto del Funcionario Público, “deberán realizar la presentación de la documentación adicional definida según la reglamentación señalada en el Parágrafo precedente, por lo cual su calidad de servidores públicos de carrera administrativa queda suprimida a partir de la puesta en vigencia de la presente Ley”.

Por su parte, el diputado Pedrazas cuestionó la forma en la que el partido de Gobierno realiza designación de cargos interinos en instituciones públicas.

“El MAS ha hecho recurrente en la práctica de la administración pública mantener los interinatos, y ahora con esta norma, quiere aplicar retroactivamente la eliminación de la carrera administrativa de personal que ya está dentro de esta norma”, sostuvo Pedrazas. El diputado considera que al designar interinatos, los funcionarios no responden a las instituciones públicas, sino a “un grupo de poder, a un grupo que maneja el Estado y que solamente pretende reproducir el poder”.

Usurpación de competencias

Alarcón y Pedrazas impugnaron además la usurpación de competencias a la Cámara de Diputados, que ahora ya no será la que eleve la terna para que el Presidente del Estado designe al Presidente y Directores de la Gestora Pública de la Seguridad Social a Largo Plazo de manera interina, sino el Ministro de Economía y Finanzas Públicas, algo que según Alarcón “es inconstitucional”.

La tercera norma observada por los legisladores, es que se habrían puesto en vigencia “una cantidad numerosa de artículos de leyes financiales de años anteriores cuando la Constitución claramente señala que una ley financial solo puede tener por vigencia el año específico para el cual ha sido sancionada”, afirma Alarcón.