La aprehensión de 28 jóvenes en la zona de La Recoleta de Sucre sigue repercutiendo en el Comité pro Santa Cruz y la Fiscalía Departamental de Chuquisaca.

El presidente de la entidad cívica cruceña, Rómulo Calvo, anunció una demanda al Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas (CAT, por sus siglas en inglés) por supuestos vejámenes sufridos por los jóvenes en manos del Ministerio Público. La comisión de fiscales retrucó a los denunciantes e indicó que sufrió “amenazas” de los abogados.

“Es una vergüenza cómo se atropelló la dignidad de las personas”, criticó el líder cívico, al anunciar que no solo acudieron al CAT, sino también al Comando Departamental de la Policía de Chuquisaca, Defensoría del Pueblo y Ministerio de Justicia, entre otras instancias nacionales de defensa de los Derechos Humanos.

El abogado Jorge Valda reforzó las denuncias de Calvo, al calificar de “venganza” la acción que asumió la Fiscalía “porque estas personas venían a pedir la renuncia del fiscal general Juan Lanchipa”. “Organizó un montaje que no cuenta con ningún elemento de legalidad”, indicó 

Replicó los testimonios de los jóvenes, quienes revelaron que estuvieron encerrados en un ambiente de nueve metros cuadrados sin las medidas sanitarias ni de higiene.

La comisión de fiscales salió a responder los reclamos de los cívicos y las plataformas ciudadanas; denunció que sufrió el “amedrentamiento” de los abogados de estas personas y acusó a los jóvenes de generar convulsión en Sucre.

El fiscal Daher Rosas, que atendió el caso, negó las acusaciones de maltrato por parte del Ministerio Público y denunció la intención de generar caos en la capital.

“No podemos permitir que estas personas generen convulsiones entre personas (…) Hemos respetado todos sus derechos”, señaló Rosas, en una conferencia de prensa.

Asimismo, la comisión de fiscales se pronunció e indicó que “no hubo aprehensión ilegal por parte del Ministerio Público”

“Pedimos también que sepan respetar el trabajo que realiza el Ministerio Público y los señores jueves. La audiencia cautelar ha sido plagada de amenazas”, indicó el fiscal Jorge Romay.

La madrugada del domingo, tras una audiencia de más de seis horas, un juez de la capital determinó la libertad irrestricta para 24 de los 28 aprehendidos el pasado jueves en La Recoleta y medidas cautelares para los cuatro restantes.