La Asamblea Legislativa, controlada por el MAS, sancionó este martes el proyecto de Ley de Excepción de Arrendamientos, que establece la reducción del 50% del pago de alquileres de inmuebles destinados a la vivienda, comercio, prestación de servicios e industria, durante el periodo de la cuarenta. La norma fue remitida al Ejecutivo para su promulgación.

La norma señala que en favor del inquilino se reduce en un 50% el canon de alquiler, cuando a la vigencia de la presente ley no se hubiera conseguido un acuerdo entre inquilino y propietario o arrendador para la reducción y/o diferimiento razonable de canon de alquiler. La norma no beneficia "a quienes reciben una remuneración mensual fija del ámbito público”.

En favor del arrendador, la condonación del pago del impuesto mensual RC-IVA hasta el levantamiento de la declaración de cuarentena en sus distintas modalidades, conforme lo dispuesto por la ley.

También señala los beneficios impositivos otorgados por los gobiernos municipales en el marco de su autonomía para los propietarios de inmuebles que reduzcan como mínimo el 50% del canon de alquiler.

La norma señala que la disposición se aplica en los alquileres pactados de manera verbal o escrita, cuando el canon pactado y/o calculado de forma mensual no exceda a un máximo de 5.000 bolivianos para inmuebles destinados a vivienda, 7.000 bolivianos para los destinados a tiendas o espacios comerciales o de prestación de servicios, y, 15.000 bolivianos para inmuebles destinados a la actividad industrial.

Advierte que la norma se aplicará excepcionalmente a partir de la fecha de la declaración de Emergencia Sanitaria Nacional y Cuarentena, dispuesta a través del Decreto Supremo 4196 del 17 de marzo de 2020, hasta tres meses después de culminada la cuarentena en sus diferentes modalidades.

Otra disposición, según el proyecto de Ley, señala que “el propietario o arrendador no podrá por ninguna circunstancia desalojar al inquilino del inmueble utilizado para vivienda, comercio, prestación de servicios e industria” pues “se brindará protección especial a arrendatarios adultos mayores, personas con familias numerosas, discapacitados, mujeres en estado de gestación, enfermos de gravedad y personal de salud”. Advierte que las víctimas de la infracción podrán recurrir ante un conciliador en materia civil.

El proyecto de ley también suspende en todo el país la ejecución de sentencias judiciales cuyo objeto sea el desalojo de inmuebles destinados a vivienda, por el tiempo que dure la cuarentena, en todas sus modalidades.

Por último, la norma, dispone que se congele el canon o monto de arrendamiento del inmueble hasta el 31 de diciembre de 2020, además exige al Ejecutivo reglamentar la norma relativa a la reducción del RC-IVA en un plazo de 15 días a partir de la promulgación de la norma.